La comisión de investigación de Vitoria confirma las irregularidades urbanísticas

No ha habido sorpresa. La comisión de investigación municipal ha confirmado en sus conclusiones provisionales la existencia de irregularidades urbanísticas en dos promociones inmobiliarias en Vitoria. La comisión, en la que la oposición tiene mayoría, concluye que no está justificado el sobreprecio de los chalés de Ibaiondo (54.000 euros), que sólo ha beneficiado a la promotora, Opacua. Además, determina que la licencia para edificar otras siete viviendas en Ali cuando sólo había espacio para seis es "irregular". El texto responsabiliza de ambas actuaciones al edil de Urbanismo, Jorge Ibarrondo.

La oposición al PP, que gobierna el Ayuntamiento de Vitoria, escenificó ayer, a menos de dos meses de las elecciones, su campaña contra las irregularidades urbanísticas que achaca al equipo del alcalde, Alfonso Alonso. Unai Grajales, presidente de la comisión y concejal peneuvista, leyó ante la prensa el informe de conclusiones provisionales, redactado por él mismo, que ratifica todas las sospechas iniciales de la oposición. En primera fila del acto, y sin acuerdo previo alguno, según recalcó Grajales, se sentaron los portavoces de los cuatro grupos de la oposición (PNV, PSE-EE, EB y EA).

Antes de detallar las conclusiones, Grajales dejó claro que el juicio de la comisión no es jurídico, sino únicamente político. Destacó que no le corresponde a la comisión determinar otro tipo de responsabilidades. Los socialistas y EB ya anunciaron el pasado día 8 su intención de llevar a Ibarrondo a los tribunales por su actuación con estas dos promociones de chalés. Pese a las palabras del edil peneuvista, el texto de conclusiones está trufado de afirmaciones sobre actuaciones que "no se ajustan a derecho". El equipo de gobierno replicó ayer mismo que las conclusiones estaban ya decididas antes incluso de que comenzase la investigación.

La oposición impuso con sus votos el pasado 27 de diciembre que se crease la comisión para esclarecer las supuestas irregularidades que denunciaba en la gestión de la concejalía de Urbanismo respecto a dos promociones de viviendas. En la primera, en el barrio de Ali, se investigaba la licencia de edificación de siete viviendas unifamiliares en una parcela inferior a 2.000 metros cuadrados. La oposición mantenía que, según la normativa municipal, sólo se podían construir seis.

La comisión también ha investigado el aumento de precio de 24 chalés bioclimáticos en el barrio de Ibaiondo, unas viviendas de precio tasado que costaron a sus adjudicatarios 304.000 euros en lugar de los 250.000 fijados en un principio por el pleno.

Informes ocultados

Las conclusiones confirman las sospechas de la oposición. En el caso de Ali, consideran que la licencia otorgada "no se ajusta a derecho" y que "no se tuvieron en cuenta los criterios técnicos". Además, "se ocultó a los técnicos informantes la documentación y el decreto de otorgamiento de licencia, hasta el punto de que para su conocimiento debieron requerirlo" a la empresa constructora, Salgado Iglesias.

Grajales aseguró que la actuación de Ibarrondo "ha propiciado un grave tensionamiento entre técnicos del departamento". Así, el informe acusa al edil propular de haber tenido "un comportamiento irregular, subjetivo, parcial y al margen del protocolo de concesión de licencias establecido por el Ayuntamiento".

En relación con los chalés bioclimáticos de Ibaiondo, las conclusiones indican que el órgano de contratación competente para modificar el pliego de condiciones era el pleno municipal y recalcan: "Nos encontramos ante un enriquecimiento injusto de la constructora [Opacua] beneficiado por el propio Ayuntamiento". La clave de la actuación irregular reside en una nota informativa del director de Urbanismo, Anton Sáez de Santamaría, que "no es ajustada a derecho ni en el fondo ni en la forma y resulta manifiestamente ilegal".

Grajales señaló que esta nota, que justitificó la subida de precios, "debilita gravemente el interés público" y se redactó "con una sospechosa diligencia en ausencia de soporte técnico". Concluye así que "se ha producido un grave daño patrimonial a las arcas públicas en la cantidad de 1.300.000 euros cobrados de forma ilegal en concepto de sobreprecio". Añade que el Ararteko y el Síndico de Vitoria "sufrieron grave entorpecimiento de su labor" cuando trabajaban en sus informes sobre este asunto.

El edil peneuvista recalcó que los trabajos de la comisión, que tomó declaración a 25 personas, han constatado que "no existió buena fe en las actuaciones desarrolladas ni por el concejal de Urbanismo ni por el director del departamento", ya que ambos "se han posicionado en todo momento en defensa de los intereses particulares de la empresa adjudicataria".

El informe de conclusiones provisionales se podrá enmendar hasta el 11 de abril, cuando se discutirán en un pleno de la comisión. Luego se elevarán a pleno para su aprobación definitiva.