La pugna judicial agudiza la crisis institucional en Ecuador

Los planes de reforma política del presidente de Ecuador, el izquierdista Rafael Correa, sufrieron un nuevo contratiempo el lunes (madrugada del martes en España) después de que el Tribunal Constitucional suspendiera la destitución de 57 diputados que se oponían a convocar el reférendum para una Asamblea Constituyente. La decisión del tribunal, que deberá resolver el recurso antes de 15 días, ha desatado una pugna judicial.

Los 57 diputados opositores fueron depuestos el pasado 8 de marzo por el Tribunal Electoral, bajo la acusación de interferir en la consulta popular convocada para el 15 de abril, con el fin de allanar el camino a la reforma constitucional impulsada por Correa. La decisión del Constitucional de tramitar el recurso de queja de los legisladores deja en suspenso ese fallo.

Las reacciones no se han hecho esperar. Los partidos progubernamentales analizaban ayer la reorganización del Constitucional, alegando que los magistrados "se encuentran en funciones prorrogadas". Al mismo tiempo, el Tribunal Electoral se reunió para estudiar una eventual resolución en contra de sus colegas del Constitucional "por interferir en el proceso electoral en marcha".

Después de que su recurso fuera aceptado, 12 de los diputados sancionados, del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), intentaron ingresar al Congreso y recuperar sus escaños. Sin embargo, el cordón policial dispuesto por el Gobierno no les permitió pasar, aduciendo que no tenían una notificación oficial. En sustitución de los destituidos, el presidente del Legislativo, Jorge Cevallos, tomó en su día juramento a una veintena de suplentes con los cuales garantizar el quórum (el Congreso cuenta con 100 diputados). Sin embargo, ayer se suspendió la sesión ante la ausencia de la mayoría de los legisladores.

La pugna se agrava tras conocerse que el pasado 13 de marzo se celebró una reunión "casual" entre dos vocales del Tribunal Constitucional y cuatro de los diputados destituidos. Según Pascual del Cioppo, líder del Partido Social Cristiano (PSC), se trató de "un encuentro social en el cual se tocaron varios temas, entre ellos la destitución de los diputados". No obstante, el jefe del progubernamental Partido Roldosista Ecuatoriano, Jimmy Jairala, exigió la comparencia de estos vocales para que expliquen esa "reunión secreta". Según el legislador, los magistrados Enrique Tamariz y Jacinto Loaiza pudieron haber cometido el delito de prevaricato, ya que "no son mediadores, sino jueces".