Los docentes universitarios con contrato laboral negocian su primer convenio

Los 6.000 profesores contratados como personal laboral en las universidades andaluzas nunca han tenido un convenio colectivo. Tras cinco años de movilizaciones sindicales, por fin, hace seis meses, los docentes de las nueve universidades públicas se sentaron con los rectores para negociar el que será su primer convenio. Un único texto que regirá para todos los profesores andaluces con contrato laboral (el 40% de los profesores universitarios). Aún así, profesores y sindicatos coinciden en que la negociación va lenta y casi está "en punto muerto".

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales tuvo que mediar en la negociación

Aún no han tratado los puntos más conflictivos: los salarios y la promoción

Hasta ahora, y desde que la Ley Orgánica de Universidades (LOU) -actualmente se tramita su reforma- sustituyera en 2002 las figuras administrativas sobre las categorías laborales que existían con la norma anterior (LRU), los sindicatos no habían conseguido que los rectores trataran este asunto. Incluso, según explica Francisco Espada, responsable de Universidad de la Federación de Enseñanza de CCOO, tuvieron que recurrir al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) para que la negociación despegara. "Fue difícil conseguir sentar a los responsables de las universidades en la mesa negociadora. Tuvo que intervenir el CARL en 2004. Finalmente, en septiembre pasado CC OO -con mayoría absoluta- y UGT constituyeron una comisión negociadora", explica Espada. Meses después, la Junta de Andalucía se incorporó a las negociaciones.

En otras comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña o Aragón, estos convenios funcionan desde hace años y en el resto de regiones o existen ya o las negociaciones están avanzadas. "Andalucía es una de las pocas comunidades que quedan sin convenio. Es llamativo porque llevamos más de cinco años con la LOU en funcionamiento", explica María Jesús Aldecoa, responsable de Universidades en la federación de Enseñanza de UGT Andalucía.

Debido a estas dificultades, los sindicatos decidieron enfrentar la situación de forma común y realizar un solo convenio para todo el personal laboral de la comunidad universitaria andaluza. "Se planteó la posibilidad de que cada universidad negociara su propio convenio, pero se vio que conjuntamente se podían obtener mejores resultados", recuerda Víctor Molina, presidente de Adius, la asociación sevillana de profesores que desde hace un año reivindica derechos a incluir en la reforma de la LOU, ya aprobada en el Senado.

Hasta el momento, a pesar de haber tenido varias reuniones, todavía no se han llegado a plantear los problemas que más preocupan al personal laboral. "No se ha hablado de los puntos cruciales: las retribuciones y la promoción del profesorado", apunta María Jesús Aldecoa. El principal punto de conflicto, precisamente, enlaza estos dos aspectos: por un lado, debido al pago de los seguros sociales, a las universidades les sale más caro el personal laboral que el funcionario; pero, por otro, la carrera docente establecida en la LOU no facilita el paso de los profesores contratados a las figuras funcionariales: "Pagar a dos contratados cuesta tanto como mantener a tres funcionarios", argumenta Víctor Molina.

Según los sindicatos, el argumento de las Universidades para no conceder derechos al personal laboral se basa en su temor a que los docentes se acomoden en esa situación. "Ésa no puede ser la razón de que los profesores se queden sin derechos", opina Aldecoa. Entre las deficiencias que pretenden erradicar los docentes de esta categoría está el sistema de pago por complementos: el personal contratado universitario sólo puede cobrar por trienios -por antigüedad-, pero no por quinquenios -méritos docentes- o sexenios -méritos investigadores-, como sí lo percibe el personal funcionario. El salario de un profesor investigador con la mayor cualificación alcanzará, como mucho, el 90% del sueldo de un funcionario. "Las universidades, además, involucran a la Junta, responsable del pago de los salarios. Ésta, por su parte, señala a la Universidad como principal administradora en este asunto", añade.

Los responsables universitarios no harán declaraciones sobre el tema, según aseguraron a EL PAIS, hasta que terminen las negociaciones.

Los sindicatos convocarán una única y última mesa antes de Semana Santa y esperan que de ella salgan avances concluyentes. "Si no es así, comenzaremos las movilizaciones", concluye el responsable de CCOO.

La reforma de la LOU salió el pasado miércoles del Senado con la inclusión de algunas enmiendas presentadas por los grupos en representación del profesorado, entre ellas, según explica Espada, la no exclusión de los doctores para ser contratados como docentes y que los profesores acreditados puedan acceder directamente al cuerpo de funcionarios. Otra de las enmiendas aprobadas establece que los ayudantes sólo podrán impartir 6 créditos anuales (60 horas). "A muchas universidades, como la Hispalense, esto no les convendrá, pues harán falta cuatro ayudantes para la docencia que antes impartía uno", añade Espada. La reforma tiene aún que pasar por el Congreso, para que se ratifiquen estas enmiendas.