Batasuna, sí; Batasuna, no

Una semana antes de que Batasuna se pronuncie sobre su participación en las elecciones municipales, el Gobierno asegura que mantendrá su exigencia a la formación independentista para que cumpla con la Ley de Partidos y rechace la violencia terrorista sin quiere tener acceso a las urnas. "El Ejecutivo está dispuesto a asumir las consecuencias de una decisión de veto, incluido un rebrote de la violencia, si Batasuna incumple la ley", señalan fuentes gubernamentales, ante la anunciada comparecencia pública de los líderes de la izquierda abertzale, el próximo 31 de marzo.

Los partidos nacionalistas vascos exigen en bloque a la izquierda 'abertzale' que rechace la violencia

El Gobierno combina la defensa de los principios con medidas orientadas a evitar nuevos atentados

Tres meses después del doble asesinato de ETA en el aeropuerto de Barajas, el Gobierno afronta, con la proximidad de las elecciones municipales del 27 de mayo y la actitud de Batasuna ante ellas, un momento crucial para su futuro, el de ETA y de la política antiterrorista.

El atentado del 30 de diciembre de 2006 no acarreó el inicio inmediato de una nueva ofensiva terrorista, al contrario de lo que sucedió tras la ruptura de la tregua indefinida de la banda en noviembre de 1999. Aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha dado por roto el proceso para el fin dialogado del terrorismo, ETA mantiene la incertidumbre: Tras los dos asesinatos de Madrid no ha vuelto a atentar, pero ha advertido de que puede hacerlo en cualquier momento.

El 18 de febrero pasado, el presidente del Gobierno fijó las nuevas bases de la política antiterrorista tras el atentado de Barajas: sólo reabrirá el diálogo con ETA si la banda abandona definitivamente las armas, y Batasuna sólo podrá participar en las elecciones municipales si cumple la Ley de Partidos y rechaza la violencia de forma clara. Con ello traspasó a Batasuna y ETA la responsabilidad del futuro.

El Ejecutivo se ha planteado "combinar la defensa de estos principios democráticos con una política inteligente que evite en lo posible una situación traumática como la de 1998, cuando ETA rompió la tregua, y ponga a la banda más difícil el regreso del terrorismo", señalan fuentes socialistas.

En este contexto se encuadró la decisión del Gobierno de evitar la muerte por huelga de hambre del preso etarra Iñaki De Juana con el otorgamiento de la prisión atenuada, y el respeto a la decisión de la fiscalía de retirar la acusación contra el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi en la causa por enaltecimiento del terrorismo en el entierro de una etarra.

El Ejecutivo no tiene garantías de que estos gestos supongan que ETA no volverá a atentar, pero sí cree que lo dificulta "por su impacto en el mundo de Batasuna". Por el contrario, no descarta que ETA vuelva a atentar si Batasuna incumple la Ley de Partidos y el Gobierno y los tribunales impiden su participación en las elecciones municipales y forales. "Seremos muy firmes en la aplicación de la ley. No dejaremos que Batasuna cuele listas sin rechazar la violencia. Estamos preparados para las consecuencias de esta decisión", advierte.

De modo que en las próximas semanas se librará, con el debate de las candidaturas de Batasuna y la aplicación de la Ley de Partidos, la gran batalla sobre el fin de la violencia en Euskadi. Pero, pase lo que pase a corto plazo, el Gobierno considera que "mirando con perspectiva histórica, se está en el último acto de la tragedia etarra".

ETA se mantiene a la expectativa, pero está aislada internacionalmente. Y carece del apoyo social del que gozó en Euskadi, incluso en el entorno de Batasuna. Así, Batasuna, frente al silencio seguidista que mantuvo tras la ruptura de la tregua de ETA en 1999, ahora, si bien no termina de condenar la violencia, la mayoría, que representa Arnaldo Otegi, tampoco aprueba la continuidad del terrorismo. "Las últimas iniciativas del Gobierno, tan atacadas por el PP, están dirigidas a quitar argumentos al ámbito social que apoyó a ETA en el pasado", señalan fuentes gubernamentales.

También el PNV y EA, que antaño mantuvieron la complicidad política con Batasuna, ahora han hecho un bloque, junto con Aralar, para presionar a la izquierda abertzale. Le exigen un claro rechazo a la violencia como condición para reabrir una mesa de partidos.

El Gobierno está teniendo en cuenta estos factores en el diseño de su política antiterrorista, así como la opinión mayoritaria de la población que desea un fin dialogado del terrorismo con condiciones.