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Editorial:

Ante el chantaje, el deber de informar

El Partido Popular ha hecho público un comunicado en el que anuncia un boicot a los medios de comunicación del Grupo Prisa si su presidente, Jesús de Polanco, no rectifica unas afirmaciones realizadas ante la junta de accionistas. Ningún ciudadano, ni tampoco ningún medio de comunicación, puede aceptar en democracia una exigencia formulada en términos de intimidación, si no de abierto chantaje. Si, además, esa exigencia procede de una instancia cuyo papel público e institucional es reconocido por la Constitución, como es un partido político, el deber inexcusable de todo demócrata es condenarlo.

Jesús de Polanco hizo uso de su libertad de expresión como ciudadano, que no está mermada por el hecho de ser el presidente del principal grupo de comunicación iberoamericano. La respuesta del Partido Popular a sus palabras olvida, en cambio, que quienes se expresan desde los poderes públicos están obligados no ya a respetar las libertades de los ciudadanos, sino a garantizarlas y a protegerlas, incluso cuando no sirvan o resulten contrarias a sus intereses. La auténtica libertad que hay que defender es siempre la libertad de quienes piensan distinto. Lejos de pensar así, como correspondería a una fuerza democrática, el Partido Popular ha tratado de erigirse en juez del comportamiento democrático para señalar los límites de la opinión y de la crítica, arrogándose de forma partidista la facultad de dictaminar qué declaraciones entran o no dentro de lo que denomina "el legítimo posicionamiento editorial".

No es el único aspecto del comunicado en el que se dejan entrever unas ideas cuando menos singulares acerca del sistema democrático. El Partido Popular no es el propietario de los votos y menos todavía de la conciencia y de la libertad de los ciudadanos que le votaron en las últimas elecciones generales. Es una maniobra del todo pretenciosa intentar trasladar, como hace el comunicado, las críticas que suscitan los actuales dirigentes del Partido Popular a los 10 millones de personas que le dieron su voto en las últimas elecciones; como si estos ciudadanos no tuvieran criterio propio para discernir y elegir sus propios medios de comunicación. Y si representa parlamentariamente a los 10 millones de ciudadanos que le votaron, no es frente a los millones que representan otros partidos, según parece deducirse del texto, sino como instrumento de participación política para contribuir a la formación y a la manifestación de la voluntad popular, según reconoce la propia Constitución.

No es de recibo, por tanto, un comunicado como el que hizo público ayer, dirigido contra un ciudadano y contra un grupo empresarial. Porque, lo crea o no el Partido Popular, también los representa, y está cometiendo un grave desafuero contra ellos cuando interfiere en su libertad de expresión y en la libertad de empresa. Su apelación directa "a los accionistas, anunciantes y clientes", además, revela la escasa estima de los dirigentes de este partido a la libertad empresarial y constituye una intolerable interferencia en la actividad económica de una empresa, impropia de una formación que dice adscribirse a los principios del liberalismo.

No hay mejor manera de conocer lo que piensa un partido político que analizar las razones por las que intenta explicar los comportamientos ajenos. El Grupo Prisa está integrado por decenas de medios de comunicación en España y fuera de España, a los que la junta de accionistas y el Consejo de Administración, incluido su presidente, conceden lo que el Partido Popular no tolera en sus propias filas: libertad de opinar según la línea editorial que establece cada director, que es el que asume la responsabilidad de cuanto aparece en cada medio, según la más elemental de las normas que dicta la deontología periodística.

El intento de intimidar al Grupo Prisa y a sus profesionales, de someterlos a un chantaje, obedece a la estrategia de llevar la división entre españoles a todos los ámbitos, que el Partido Popular siguió desde el poder y ahora con fuerza redoblada desde la oposición. Frente a esta estrategia, que ya ha logrado hacer mella en algunas instituciones básicas del sistema democrático, como los tribunales de justicia, y que amenaza con extenderse a las calles, el diario EL PAÍS hará lo que el Partido Popular ya ha renunciado a hacer: cumplir con su deber. Un deber que consiste en seguir informando con objetividad y con criterio razonado sobre cuanto sucede a nuestro alrededor. También cuando se trate de noticias que afecten al Partido Popular, que seguirá recibiendo en estas páginas el trato informativo que impone la vocación de objetividad y de compromiso con la Constitución y los valores democráticos a los que siempre ha sido fiel este periódico.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de marzo de 2007