Fisterra no pidió informe jurídico de los pisos que denunció la Xunta

La Diputación de A Coruña no está realizando ningún informe jurídico sobre la situación de los 16 edificios, con 391 viviendas, en Fisterra que la Xunta denunció en el juzgado por ilegalidades y anomalías. El alcalde de la localidad, José Manuel Traba, del PP, sostiene desde hace tres meses que encargó a los servicios jurídicos de la institución provincial un informe sobre los requerimientos de Urbanismo, que reclama la anulación de las licencias para estas construcciones por considerarlas nulas de pleno derecho. Pero la Asesoría Jurídica de la Diputación informó ayer a este diario de que no existe ni siquiera una petición del Ayuntamiento para que le asesore sobre la situación de estas promociones residenciales, situadas la gran mayoría al pie de la playa de Langosteira.

Sin embargo, en el último pleno del ayuntamiento, el alcalde declaró, a la pregunta de un concejal, que estaba pendiente de que la Diputación le entregase el informe jurídico. Traba, que también lo aseguró a este diario el pasado miércoles, destacó que ese documento, así como otro que elabora un bufete privado contratado para este caso, son los que necesita para presentar alegaciones contra los diez requerimientos que le hizo la consellería en diciembre para que revise las licencias.