Duelo entre el Congreso y la Casa Blanca

El Congreso estadounidense consumó ayer el choque institucional con el presidente George Bush a propósito del caso de los fiscales despedidos. Un comité de la Cámara de Representantes aprobó que puedan ser citados a declarar bajo juramento varios asesores de la Casa Blanca y abrió, de esa manera, un difícil y apasionante litigio sobre el uso político de la justicia y el límite de los distintos poderes en una democracia.

Bush prometió facilitar las grabaciones o papeles que necesite el Congreso en su investigación

Lo que en otro sistema o en otras circunstancias hubiera sido, simplemente, el relevo de ocho entre 93 fiscales federales que el Gobierno pone y el Gobierno tiene derecho a quitar, ha ido escalando hasta convertirse en un dramático duelo político que puede arrastrar dimisiones -entre otras, la del secretario de Justicia, Alberto Gonzales- y que, quizá, tenga que ser resuelto finalmente por el Tribunal Supremo.

Ayer, el subcomité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes aprobó que puedan ser convocados a prestar testimonio jurado en el Congreso el principal asesor de Bush, Karl Rove, la antigua consejera de la Casa Blanca Harriet Miers y el jefe de Gabinete de Gonzales, Kyle Sampson, que ya dimitió la pasada semana.

Esa medida es una reacción a la propuesta hecha el martes por Bush de que Rove y los demás comparezcan en el Capitolio, pero a título privado, es decir, sin prestar juramento y sin taquígrafos.

Bush acompañó su oferta con la entrega de 3.000 documentos que recogen el intercambio de correos electrónicos y otros contactos entre Rove, sus colaboradores y el Departamento de Justicia sobre la actuación de los fiscales. El presidente prometió también facilitar otras grabaciones o papeles que el Congreso necesite en su investigación.

Se trata de demostrar si todos o algunos de los ocho fiscales despedidos lo fueron por no haber favorecido los intereses políticos del Gobierno. Aunque, en efecto, es el Gobierno el que los nombra, los fiscales están obligados a actuar con imparcialidad e independencia una vez que ocupan el cargo.

Uno de los despedidos, el ex fiscal federal de Nuevo México David Iglesias, contó ayer en un artículo publicado en The New York Times que dos congresistas republicanos de su Estado le llamaron poco antes de las elecciones legislativas del pasado noviembre para preguntarle si pensaba actuar en un caso de corrupción en el que estaban implicados algunos dirigentes del Partido Demócrata.

Según el relato de Iglesias, cuando éste se negó a informarles, aduciendo la ley que impide a los fiscales hablar sobre sus investigaciones, el senador Pete Domenici le contestó: "Siento mucho oír eso".

Iglesias ya había contado esta versión ante el comité de Asuntos Judiciales del Senado, que también parece haber encontrado rastros de motivación política de los despidos en varios correos electrónicos entre Rove, Sampson y Gonzales en los que comentan sobre la falta de agresividad de algunos fiscales ante casos que podrían perjudicar a los demócratas.

Bush negó categóricamente en su declaración del martes que los despidos se hubieran producido por algo distinto a la capacidad profesional de los afectados, pero se negó a permitir la comparecencia de sus colaboradores bajo juramento porque cree que ello sentaría un grave precedente que debilitaría la institución de la presidencia.

El argumento de la Casa Blanca es el de que la única forma de que el presidente reciba consejos sinceros de sus asesores es la de proteger a éstos de eventuales procesamientos posteriores, tanto ante los tribunales como ante el Congreso.

Precisamente por eso, se concede al presidente el poder constitucional de silenciar a sus consejeros. Bill Clinton y otros presidentes hicieron uso de esos poderes antes de Bush. Pero ese poder no es ilimitado. El Tribunal Supremo obligó, por ejemplo, a Richard Nixon a entregar las cintas del Watergate.

Ahora, está todavía abierta la posibilidad de una negociación política entre el Capitolio y la Casa Blanca. De hecho, el comité de la Cámara ha aprobado la citación, pero no la ha tramitado aún. No obstante, si esa negociación no condujese a un acuerdo, tendrían que ser los jueces, y en última instancia el Supremo, quienes resolvieran la controversia.