Los eurodiputados se unen para defender a los trabajadores de Delphi

Los eurodiputados españoles de PSOE, PP, IU y Los Verdes se comprometieron ayer en Bruselas a defender de manera "unida" ante la Comisión Europea la continuidad de la planta de Delphi en Puerto Real (Cádiz), incluso si ello requiere conceder "ayudas públicas". Los parlamentarios recibieron a alcaldes de diez municipios gaditanos afectados por los planes de la multinacional de la automoción de cerrar esta fábrica, incluidos el de Puerto Real, José Antonio Barroso, y la de Cádiz, Teófila Martínez.

"Sólo la unidad es capaz de responder con la contundencia exigida y los resultados apetecidos a esta tropelía, a este genocidio industrial", explicó en rueda de prensa Barroso, tras la reunión. Los alcaldes presentaron a los eurodiputados una serie de peticiones que, según Barroso, parten del principio de que no se contempla "ningún escenario donde se prevea el cierre de la planta".

La delegación de alcaldes se entrevistó también con el comisario europeo de Asuntos Sociales y Empleo, el eslovaco Vladimir Spidla, quien se comprometió ayer a "estudiar el caso y buscar soluciones" para Delphi en Puerto Real (Cádiz). Preguntado sobre la posibilidad de que la firma abandone Puerto Real pese a haber percibido subvenciones vinculadas a su continuidad, se limitó a señalar que, si ha recibido ayudas del Fondo Social Europeo y no ha cumplido su reglamento, "naturalmente vamos a recuperar las ayudas". Fuentes comunitarias señalaron, no obstante, que para la Comisión Europea es "muy difícil" impedir que una empresa traslade su producción, incluso si es de un Estado miembro de la UE a otro, e incluso recibir nuevas ayudas. Hoy esta prevista una nueva reunión en Bruselas, entre el comisario Spidla y el consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández.

Mientras, la Junta de Andalucía y los sindicatos CC OO y UGT crearon ayer una mesa de seguimiento para coordinar las acciones de oposición al cierre de la factoría. Tanto la administración regional como los sindicatos reiteraron su intención de personarse en el expediente de concurso presentado por la empresa, así como el estudio de acciones penales contra los directivos de la misma.

Por su lado, Delphi Automotive System España S.L. defendió ayer su solicitud de apertura de un proceso concursal (declaración de insolvencia) como la única forma de garantizar "la independencia y transparencia" del cierre de la planta gaditana.

La empresa ha reservado 52,6 millones de euros (70 millones de dólares) para las indemnizaciones de la plantilla, formada por 1.600 trabajadores. Las intenciones de Delphi son compensar a cada empleado según lo dispuesto en el artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge una indemnización equivalente a 20 días de sueldo por año trabajado, siempre que esta cantidad no supere un año de salario.

El presidente del comité de empresa, Antonio Pina, aseguró ayer que la plantilla no cambiará la estrategia de movilizaciones que acordó el pasado lunes. De hecho, los trabajadores se limitaron ayer a concentrarse de forma pacífica a las puertas de la factoría durante la hora del bocadillo.

La juez de lo mercantil de Cádiz, Nuria Orellana, deberá resolver en los próximos días si acepta la petición de la compañía y, en caso afirmativo, nombrar a la administración concursal responsable de elaborar el informe sobre la situación financiera de la planta de Delphi en Puerto Real. La decisión de la juez puede demorarse entre 10 y 15 días, aunque el proceso puede requerir más tiempo si la magistrada requiere información complementaria a las partes.

Por su parte, las mujeres de los trabajadores tampoco han abandonado sus reivindicaciones. Ayer comenzaron una recogida de firmas al objeto de hacer llegar un millón de adhesiones al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.