El Parlamento aprueba la ley que obliga a las nuevas edificaciones a ahorrar energía

El Parlamento andaluz aprobó ayer sin votos en contra la Ley de Energías Renovables y Eficiencia Energética, el primer texto normativo que regula esta materia de forma específica en España. La ley -que propiciará que por primera vez las energías renovables tengan primacía sobre las convencionales- obliga, entre otras cosas, a incorporar sistemas solares térmicos en todos los edificios o usar biocarburantes en los autobuses de transporte público. Crea también el certificado energético de los nuevos edificios (está por ver si afectará a viviendas unifamiliares), imprescindible para obtener licencias de ocupación.

Los portavoces parlamentarios y el propio consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, destacaron el buen tono que ha presidido la tramitación de esta ley, que responde a los postulados más avanzados en materia energética y de medio ambiente del nuevo Estatuto de Autonomía. De hecho, Izquierda Unida y PA votaron a favor de la norma y sólo los populares se abstuvieron porque no se aceptaron 25 de sus enmiendas.

Entre otras novedades, la ley -que según Vallejo, se sitúa a la vanguardia y entre las legislaciones más modernas de Europa- recoge la declaración de utilidad pública para las fuentes renovables de energía, de modo que tengan prioridad tanto en su adquisición por parte de los operadores como en el acceso y conexión a las redes de transporte y distribución. Todos los edificios nuevos estarán obligados a incorporar sistemas solares térmicos y, en los inmuebles en uso de la Junta andaluza (sedes administrativas, colegios, instalaciones deportivas o centros hospitalarios), se requerirá con carácter retroactivo.

También se exigirá el aprovechamiento de las energías eólica e hidráulica en aquellos emplazamientos aislados en los que haya este tipo de recursos.

Los autobuses de transporte público de titularidad autonómica y local que presten servicio regular de viajeros deberán utilizar biocarburantes (biodiésel) En la actualidad, operan en la comunidad alrededor de 3.000 vehículos y la aplicación de la medida supondrá un 30% menos de emisión de dióxido de carbono y un 40% menos de humos.

Para aumentar el potencial de biomasa disponible, el Gobierno andaluz elaborará un programa de promoción de los cultivos energéticos, así como un programa de fomento de las energías renovables de Andalucía.

En cuanto al ahorro y la eficiencia, la aportación fundamental será la exigencia del certificado energético para los nuevos edificios, una medida pionera que condicionará el suministro al compromiso de optimizar el gasto tanto en edificios colectivos como instalaciones industriales y comerciales. Este requisito, que se exigirá a partir de un nivel que establecerá un reglamento posterior, incluirá un índice de eficiencia energética con la relación entre el consumo real del edificio o centro y el de referencia (promedio del sector al que pertenezca). Por su parte, las administraciones deberán implantar medidas de ahorro y eficiencia en el ámbito de sus propias instalaciones y actividades.

Francisco Vallejo, quien cerró el debate para agradecer a los grupos el enriquecimiento del texto, dijo que Andalucía se pode a la cabeza de los compromisos que se plantean en Europa para afrontar el cambio climático, la reducción del dióxido de carbono (en un 20%) y la apuesta de las energías renovables. Mientras que andalucista e Izquierda Unida respaldaron la ley, aunque anunciaron de que estarán en una actitud vigilante respecto a su cumplimiento, el PP optó por la abstención.

Según explicó el portavoz de este grupo, Rafael Salas, se debería haber incorporado la ventanilla única para materia energética o establecer el silencio administrativo en sentido positivo. También lamentó que en toda la ley no se mencione no aparezca la energía eólica, pese a que, aseguró, el propio consejero lo había anunciado en la Cámara. Salas dijo que su grupo demanda una norma más ambiciosa que propicie el crecimiento económico, de forma que el suministro energético no sea incompatible con que las empresas puedan competir en el ámbito europeo, al tiempo que pidió una actuación "eficiente" de la Junta.