Adjuntos innecesarios

Las dificultades surgidas para renovar a los adjuntos al Defensor del Pueblo andaluz han puesto en evidencia lo poco que algunos creen en los postulados que defendieron para el nuevo Estatuto de Andalucía que, esta semana, entra en vigor. Con su publicación en el BOE. Aquellos que más prisas metían al Gobierno andaluz para que comenzara a desplegar el nuevo texto, sobre todo en lo relativo a las exigencias al "gobierno amigo" de José Luis Rodríguez Zapatero, con la exclusiva idea de tratar de desgastar al Ejecutivo de Manuel Chaves, son, ahora, precisamente, los que no quieren saber nada de cumplir con el requisito que, sobre la paridad, exige dicho Estatuto.

José Chamizo se encuentra, así, con la dificultad añadida de no poder completar su nueva relación de adjuntos ya que las propuestas que han enviado los distintos partidos no se ajusta a la normativa actual. De todas formas, no debe ser éste un asunto que le quite, en especial, el sueño al sacerdote campogibraltareño en su nuevo mandato. Nunca vio con buenos ojos, ni necesario, este tipo de figuras, sobre todo por el temor a que se trasladara a su institución el debate político existente en otros ámbitos, cosa que al final, hay que decir, no ha llegado a ocurrir o, al menos, no ha trascendido nada al respecto.

De modo que hay que estar tranquilos. No existe riesgo de que se desestabilice ni se bloquee la oficina del Defensor, una de las entidades que más reconocimiento tiene por parte de los andaluces. Chamizo se basta por sí mismo, así que continúe la pelea por quién ocupará esos cómodos y bien remunerados sillones, que luego el elector tomará debida cuenta del grado de compromiso que tienen unos y otros con las leyes que ellos mismos promueven y aprueban.

Más inquietud debe producirnos, en cambio, todo lo concerniente al pretendido desmantelamiento por parte de Delphi de su planta de Puerto Real (Cádiz). Este jueves el consejero de Empleo, Antonio Fernández, se desplaza a Bruselas para entrevistarse con el comisario de dicha área, Vladimir Spidla. El objetivo es reclamar de las autoridades comunitarias la aplicación, en estos casos de despidos colectivos, la legislación vigente, que obliga a una necesaria consulta a los sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo con el fin de evitar o reducir las bajas, al tiempo que la puesta en marcha de las medidas sociales adecuadas para la reclasificación o reconversión de los trabajadores que pierdan su empleo. Y todo eso se debe hacer sin perder de vista la condición de multinacional de la compañía afectada.

Sin embargo, esta característica es la que lleva a otras fuerzas políticas a emprender un camino ciertamente equivocado al solicitar ya ayudas concretas contempladas en el capitulo previsto para las deslocalizaciones industriales. Si así se hace, implícitamente, ya se está dando por descontado que la empresa se puede ir de rositas y esa diferencia de criterios existente aquí seguro que es aprovechada por los avispados directivos norteamericanos, ávidos cómo están de hacer caja cuanto antes.