Cuatro alcaldes del área metropolitana de A Coruña, implicados en negocios inmobiliarios
Un juez cita al regidor de Betanzos por vender fincas en las que luego aprobó una urbanización
Los alcaldes con intereses inmobiliarios proliferan en el área metropolitana de A Coruña, uno de los polos de mayor auge de la construcción. Los regidores de Arteixo, Oleiros y Betanzos están siendo investigados para determinar la compatibilidad de sus cargos con sus actividades empresariales El de Cambre tuvo que rendir cuentas por su promotora de viviendas en el vecino municipio de Sada. En A Costa da Morte, ahora con un fuerte bum urbanístico, las actividades privadas del alcalde de Cee y su familia están también en la mesa de la fiscalía tras una denuncia de los socialistas.
"Estamos aquí para servir, tanto desde el punto de vista de empresa como desde el punto de vista de ayuntamiento. Al que viene como vecino, se le atiende como vecino, y al que viene como cliente, se le atiende como cliente. Sin mezclar las cosas". Manuel Pose Miñones justifica con esta frase la compatibilidad de sus intereses empresariales con su cargo de regidor de Arteixo. Los alcaldes promotores suelen alardear de la transparencia de sus actuaciones. Y todos juran y perjuran que no dan trato de favor a sus empresas.
- De Arteixo a Cambre. Pose Miñones es alcalde por el PP desde 1995 y presidente de un grupo que engloba 15 sociedades, cinco de ellas nacidas tras llegar al cargo y dedicadas a actividades inmobiliarias. Pose reconoce haber votado la concesión de licencias a empresas de las que es accionista para la construcción de cinco edificios en Arteixo. Admite que su actuación "no estuvo bien" aunque defiende su legalidad. Pose emitió la documentación a la Fiscalía, que estudia abrir diligencias. El alcalde cobra por dedicación exclusiva 61.200 euros al año.
El regidor socialista de Cambre, Antonio Varela, también rindió cuentas el pasado año ante la Fiscalía por su participación en una promotora que edificó 46 viviendas en Sada. Varela, que lleva 25 años en la alcaldía, por la que cobra dedicación exclusiva, y sus otros siete socios, entre ellos un ex edil de Urbanismo, percibieron 4.017 euros cada uno. El fiscal no halló indicios de delito.
- Las fincas de los alcaldes. El alcalde socialista de Betanzos, Manuel Lagares y su hermano Antonio, también concejal, están citados a declarar ante el juez por una denuncia del PP, que los acusa de aprobar una urbanización en la que tienen intereses. Un año antes de que el pleno municipal acordase esa operación, los hermanos Lagares vendieron fincas en las que está previsto construir parte de los pisos, pero acordaron con el comprador que éste abonaría 721.000 euros por los terrenos 30 meses después de lograr la licencia para edificar.
La Fiscalía también denunció al alcalde de Oleiros, el independiente Ángel García Seoane, al apreciar indicios de que se aprovechó de su cargo para enriquecerse con negocios inmobiliarios. "Ha venido adquiriendo distintas fincas que han incrementado sus valoraciones urbanísticas", sostiene el ministerio público.
- Cee. Desde la llegada de José Antonio Domínguez a la alcaldía de Cee, en 2001, su esposa y su hijo desarrollaron una importante actividad como socios de seis empresas relacionadas con la construcción. Tres de ellas edifican en A Costa da Morte, incluida una urbanización en Cee. Domínguez, del PP, compaginó durante tres años la alcaldía con la administración de su empresa de electricidad que realizó obras en el nuevo mercado municipal.
- Ferrol. El teniente de alcalde de Ferrol, el independiente Juan Fernández, socio de gobierno del PP, es propietario de unos terrenos urbanizables en Serantes, donde la promotora Bros Noroeste planea construir una urbanización con 69 chalés adosados.Fernández adquirió los terrenos en 1978 como suelo rústico y en 2000 se recalificaron como urbanizables.Cuatro años más tarde ya en el gobierno, el edil firmó un edicto donde figuraba entre los afectados por el plan de sectorialización y recibió un pagaré de 192.324 euros por una opción de compra sobre una finca. En mayo del 2005 solicitó como promotor una modificación del PXOM para desviar el trazado de un vial que atravesaba su parcela, informa Lorena Bustabad.
- Concejales de Urbanismo. Pese a percibir un sueldo de más de 36.000 euros por dedicación exclusiva, el edil de urbanismo de Teo, el independiente Manuel Parajó, admitió en uno de los plenos -a los que acude con la carpetilla de una conocida promotora- que no sólo realizaba negocios urbanísticos fuera del municipio (como se había publicado en la prensa), sino también dentro del ayuntamiento. Parajó ultima su campaña para repetir como socio del PP y ocupar nuevamente la concejalía de urbanismo. Sobre su colega de Porto do Son, el socialista Manuel Vázquez, pesa una denuncia de la Fiscalía que lo acusa de un presunto delito de negociación prohibida a funcionarios y autoridades. El concejal compró a su nombre cuatro fincas no urbanizables en Portosín que posteriormente aparecieron recalificadas en el Plan General, informa José Precedo.
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