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El enfrentamiento entre PNV y EA sume en la incertidumbre la tributación empresarial

La pugna entre el PNV y EA, socios en el Gobierno y en las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, pero que van a concurrir por separado a las elecciones de mayo, está sumiendo en la incertidumbre la tributacion de las empresas vascas. La negativa de EA a apoyar en Guipúzcoa el tipo general del 28% acordado en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), que reúne al Ejecutivo y las instituciones forales, está a punto de dar paso a situaciones impositivas diferentes para las empresas dentro de la comunidad autónoma. Un hecho insólito que, si se confirmara en los próximos días, obligaría al Parlamento a aplicar por primera vez la Ley de Armonización, Coordinación y Colaboración Fiscal, de 1989. Esta norma obliga en su disposición adicional a remitir a la Cámara los proyectos de ley que armonizan los distintos impuestos concertados, pero nunca se ha aplicado por la reticencia del PNV y el PP a que el Legislativo pueda intervenir en este ámbito, reservado a las diputaciones.

Eusko Alkartasuna insta al PNV a elegir entre el PP o "quien es su socio de gobierno en muchas instituciones
"Txabarri insiste en que el Parlamento aplique la ley de Armonización Fiscal para que los tributos estén concertados
La patronal guipuzcoana atribuye el conflicto a "tácticas políticas" y lamenta que no se busque la competitividad

En Álava, estos dos partidos aprobaron ayer en comisión el proyecto de norma con el gravamen general de 28% (cuatro puntos y medio menos que el anterior, que es que se aplica este año en el resto de España) y el 24% para las pymes. En los próximos días se aprobará en Vizcaya con el mismo apoyo. Sin embargo, en Guipúzcoa el PNV y el PP no suman mayoría suficiente, y EA, que no está dispuesto a bajar del 30%, inclina la balanza del rechazo a la rebaja del impuesto, donde se sitúan los socialistas, EB y Aralar.

El pleno de las Juntas Generales que aprobará definitivamente la norma del impuesto ha sido convocado en Álava para el día 26, y para el 30 en Guipúzcoa, aunque en este territorio el día clave será el 22, cuando se debaten en comisión las enmiendas a la totalidad. En Vizcaya no está convocado aún el pleno, pero será en cualquier caso antes del 3 de abril, fecha en que las tres cámaras serán disueltas por la convocatoria de las elecciones.

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50 millones por punto

La situación planteada es considerada por los empresarios más preocupante que la que se produjo cuando en diciembre de 2004 el Tribunal Supremo anuló el tipo de gravamen del impuesto al considerar que sus aspectos diferenciales debían ser considerados, vista la legislación europea, como ayudas de Estado.

La bronca política entre el PNV y EA subió ayer de tono a medida que avanzaba el día. La desconvocatoria por el primero de la reunión prevista la noche del jueves con EA para intentar acercar posturas no mejoró la situación. Las presiones ante la dirección del PNV de la Diputación de Álava, pero sobre todo las de la institución vizcaína para que no se modificara el trabajoso acuerdo a tres sobre el 28%, motivaron la abrupta ruptura de las conversaciones. Vizcaya y Alava defienden el acuerdo tomado en el OCT tras un año de discusiones. También apuntaron a que el principal pagano de un tipo más elevado, como quiere EA, sería Vizcaya, cuyo tejido industrial suma más grandes empresas. Cada punto de diferencia supone más de 50 millones de euros de recaudación en toda Euskadi, según los datos de 2006. EA no plantea problemas a la rebaja a las pymes del 30% actual al 24%.

El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, atribuyó a motivos electorales la postura de EA, y le acusó de "deslealtad institucional", porque el acuerdo fue adoptado en el órgano que reúne a Gobierno y diputaciones. "La deslealtad es del PNV", respondió el secretario general de EA, Unai Ziarreta, alegando que su socio no contó con ellos. Ziarreta dejó claro en el Parlamento que su partido no apoyará "jamás" el 28% y emplazó al PNV a elegir "entre el PP y quien es su socio de gobierno en muchas instituciones".

Concertación tributaria

Ante esa posibilidad de que los empresarios guipuzcoanos tengan que tributar dos puntos por encima que los del resto de Euskadi, el diputado general de Guipúzcoa, Joxe Joan González de Txabarri, volvió a recordar que corresponderá al Parlamento "activar los mecanismos propios recogidos en la ley para que prevalezca el criterio de concertación tributaria".

Se refería a la ley de Armonización Fiscal de 1989. Sin embargo, esta norma no utilizada aún y que algunos especialistas ven como el blindaje judicial más sencillo de las normas tributarias, carece de desarrollo y no define con precisión el camino a seguir. Sin embargo, sí establece claramente que el "tipo de gravamen" de los impuestos concertados es uno de los aspectos que deberán ser armonizados en los tres territorios. Frente a la histórica reticencia de los sectores foralistas del PP y el PNV a la intervención del Parlamento en esta materia, desde otros ámbitos políticos se mantiene que la ley resulta extremadamente respetuosa con el entramado institucional, que atribuye a las Juntas Generales la capacidad normativa en materia tributaria.

El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, anunció ayer que, al día siguiente de que se aprueben, en su caso, tipos diferentes en el Impuesto de Sociedades, pedirá a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, que armonice la situación. El problema es que populares y peenuvistas no disponen tampoco de mayoría suficiente para sacar adelante su propuesta en la Cámara.

El secretario general de Adegi, la patronal guipuzcoana, José María Ruiz de Urchegui, manifestó su inquietud porque no se busque la "competitividad de la empresas", sino "otro tipo de tácticas y de estrategias políticas". Criticas similares fueron vertidas por el Circulo de Empresarios y por la patronal vizcaína, Cebek.

El secretario general de EA, Unai Ziarreta, ayer en el Parlamento.
El secretario general de EA, Unai Ziarreta, ayer en el Parlamento.P. J. PHANSE

Sin acuerdo tras 27 meses

Las tres diputaciones llevan 27 meses intentando reconstruir, sin conseguirlo aún, el polémico Impuesto de Sociedades. Desde que en diciembre de 2004 el Tribunal Supremo anulase el tipo de gravamen, situado entonces en el 32,5% (dos puntos y medio por debajo que en el resto de España), la cadena de remiendos no ha cesado. En febrero de 2005, las instituciones forales recurrieron en amparo al Constitucional contra el fallo del Supremo y, a punto de expirar ese ejercicio fiscal, aprobaron en diciembre un nuevo tipo, el 32,6%, sólo una décima más, para eludir una posible suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior. Esta llegó en mayo del año pasado.

En septiembre de 2006, el Tribunal de la UE, en lo que se conoce como el caso Azores, dictaminó que dentro de un Estado pueden existir diferentes tipos impositivos, lo que le sirvió a las diputaciones para solicitar al Superior vasco el levantamiento de la suspensión cautelar del tipo. Ese mismo mes, la Diputación vizcaína trasladó al Constitucional las consecuencias derivadas de la sentencia del caso Azores, pero en octubre el Superior decidió mantener la suspensión y desestimar los recursos de súplica presentados por Guipúzcoa y por la patronal Confebask.

En enero pasado, las tres diputaciones y el Gobierno lograron aproximar posturas para abordar la reforma del Impuesto de Sociedades, con un tipo del 28% para las grandes empresas y del 24% para las pymes. Así fue aprobado a comienzos de febrero por las tres diputaciones, aunque con la abstención de EA en Guipúzcoa y Vizcaya.

A la sucesión de reveses judiciales, se sumaron a partir de este momento los desacuerdos políticos, que podrían desembocar a finales de este mes en la aprobación de tipos impositivos diferentes en Vizcaya y Álava, por un lado, y en Guipúzcoa, por otro. Eusko Alkartasuna no está por la labor de una reducción tan drástica del impuesto y plantea aprobar un tipo del 30%. El desmarque de esta formación da al traste con el consenso adoptado por el Ejecutivo autónomo y las diputaciones, y pone en peligro la aprobación de un mismo impuesto en los tres territorios, sobre todo tras la ruptura de las negociaciones entre el PNV y EA el pasado jueves. En medio de estos vaivenes, los empresarios continúan sin saber cuánto tendrán que tributar por sus beneficios.

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