Derechos civiles

Con la aprobación de los proyectos de ley de Derechos y Deberes y de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, el Gobierno ha cumplido dos de sus compromisos electorales: la supresión de la sanción disciplinaria de arresto, salvo cuando los agentes cumplan misiones de carácter militar, y el reconocimiento del derecho de asociación de los miembros del instituto armado. Con estas dos leyes se moderniza el régimen interno del cuerpo, pero no pierde su carácter militar. Aunque la Asociación Unificada de la Guardia Civil abogue por la desmilitarización y algún dirigente socialista la defendiera desde la oposición, ésta no ha figurado nunca en el programa electoral del PSOE, que es su contrato con los ciudadanos.

Varias razones aconsejan mantener el carácter militar de la Guardia Civil. La primera es que, si lo perdiera, probablemente acabara por desaparecer, pues sería difícil justificar la pervivencia de dos cuerpos policiales dependientes de la Administración central del Estado con características idénticas. En su origen, su naturaleza militar garantizaba la disciplina de un cuerpo disperso por toda la geografía, con infinidad de puestos tan precarios como aislados. Con los medios de comunicación actuales, esta necesidad ya no existe, pero han surgido otras, como la de contar con un instrumento, a mitad de camino entre Ejército y policía, capaz de actuar en países que han superado conflictos armados pero aún no han consolidado la paz. La ex Yugoslavia es el ejemplo. El nuevo régimen disciplinario mantiene la vigencia del Código Penal Militar para las misiones castrenses, mientras que la suprime para las de carácter policial, que constituyen el 90% de las que desarrolla la Guardia Civil. La imposición de penas privativas de libertad por faltas de puntualidad o réplicas desatentas a los superiores no sólo era anacrónica, sino contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos, según una sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

El único reparo que se puede poner a esta reforma es que se apruebe menos de dos meses después de la manifestación que 3.000 guardias civiles de uniforme protagonizaron el pasado 20 de enero en Madrid. El Gobierno estaba obligado a abrir expedientes disciplinarios a los organizadores de aquella protesta, pero no puede eludir su propia responsabilidad. La reforma de la Guardia Civil se ha dejado tan para última hora que ya sólo quedan unos meses de actividad parlamentaria, hasta el punto de que cualquier demora en su tramitación podría frustrar la entrada en vigor de los dos textos que ayer echaron a andar.