El Vaticano impuso el cambio de hospital

Inmaculada Echevarría tuvo que ser trasladada a un hospital público de Granada para morir, después de que la orden de San Juan de Dios que gestiona el hospital de San Rafael, donde se encontraba ingresada, desistiera de hacerlo en el propio centro como era la intención de sus responsables, ante las fuertes e insistentes presiones que la orden había recibido de un sector de la Conferencia Episcopal Española, que llegaron hasta el mismo Vaticano. La decisión fue tomada por la Curia General de la orden en Roma.

La orden de San Juan de Dios había aceptado retirarle el respirador, lo que provocó la inmediata reacción de una parte de la Conferencia Episcopal. En los días posteriores se sucedieron las declaraciones en contra de que se accediera a la solicitud de la paciente desde los sectores más duros, como el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, y el portavoz de la Conferencia, Juan Antonio Martínez Camino. La Conferencia Episcopal llegó a tratar el tema en su ejecutiva del día 8. Algunos obispos propusieron emitir una nota pública oponiéndose a que se respetara la petición de la enferma por considerar que era un caso de eutanasia, pero otros, entre ellos el presidente de la Conferencia, Blázquez, o el arzobispo de Barcelona, Martínez Sistach, plantearon objeciones a esta propuesta.

Las intervenciones contrarias plantearon una doble argumentación. Por un lado se argumentó que no podía considerarse realmente un caso de eutanasia, sino de limitación del esfuerzo terapéutico. Por otro se planteó la inconveniencia de hacer pública una nota que desautoriza una decisión tomada por la orden que gestiona el hospital, lo que sin duda sería visto por la sociedad como un enfrentamiento en el seno de la Iglesia.

La discusión se saldó con el compromiso de no emitir la nota, pero elevar el asunto a instancias superiores. Es decir, al Vaticano. Las presiones sobre la orden fueron tan fuertes, que la Curia General decidió "aconsejar" a los responsables del hospital que dieran marcha atrás en la decisión que habían tomado.

Malestar

Todo ello ha provocado un gran malestar en la orden, pues tanto sus responsables como los hermanos que gestionan el hospital entienden que este caso no puede considerarse de ninguna manera una eutanasia y están convencidos de que es su obligación era respetar la petición de la enferma. Forma parte de la filosofía de esta orden, que gestiona numerosos hospitales, acompañar los pacientes hasta la muerte sin incurrir en encarnizamiento terapéutico, lo cual implica en muchos casos la retirada de soportes vitales que mantienen artificialmente la vida del paciente y que lo único que hacen muchas veces es prolongar su agonía.

La orden decidió pedir el traslado de la enferma ante la posibilidad de que mantenerse en su decisión pudiera provocar una reacción de la jerarquía eclesiástica que paralizara el proceso y acabara perjudicando a la propia enferma. Cañizares insistió ayer en su opinión: consideró que lo que había sucedido es "una acción de eutanasia o suicidio asistido".