Las impugnaciones han impedido construir 10.490 viviendas ilegales en Marbella

Los controles de la administración autonómica y de los tribunales de Justicia sobre el urbanismo de Marbella, cuya eficacia es objeto recurrente de polémica, sí tuvo resultados al menos en los tres últimos años de mandato del Grupo Independiente Liberal. Desde que en marzo de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cambió de doctrina y comenzó a ordenar suspensiones cautelares de obras con licencia impugnada, se ha impedido la construcción de 10.490 viviendas contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 4.427 están paradas, y el resto no llegaron a iniciarse.

Hasta ahora se daba por bueno que en Marbella se construyeron unas 30.000 viviendas contrarias al PGOU entre 1991 y 2005. El dato lo obtuvo el equipo redactor del nuevo planeamiento cuando elaboró el documento de avance, pero estaba extraído de los datos de las licencias otorgadas de forma ilegal.

Ahora, una vez que la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella ha hecho un control sobre el terreno de lo que ha ocurrido con cada una de estas licencias, la cifra se rebaja en una tercera parte. Y es que desde el año 2003 las órdenes de suspensión de obras que el TSJA dictaba siempre que la Junta impugnaba una licencia irregular han impedido la construcción de 10.490 casas ilegales. De ese total, 5.795 ni siquiera llegaron a iniciarse y las parcelas continúan libres. Otras 4.427 están en distinta fase de obra, pero paralizadas y precintadas. La lista se competa con otras 268 casas que sí se han acabado pero no han llegado a ocuparse, lo que alivia el problema social que se plantearía en caso de que finalmente el TSJA decidiera demolerlas.

También ha habido promotores que han incumplido las órdenes de paralización cautelar y han acabado las construcciones que ya están habitadas, situación en la que se encuentran 999 viviendas que corren el riesgo de ser declaradas ilegales en sentencia firme.

Según la consejera de Obras Públicas, estos datos evidencian que la Junta ha cumplido su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística en Marbella. "Cuando hemos tenido apoyo del tribunal, hemos tenido eficiencia", sostiene la consejera, quien recuerda que la Junta ha impugnado más de 400 licencias de obras en Marbella y siempre pidió la suspensión cautelar de las obras al TSJA, que es a quien compete tal decisión, y que éste las denegó hasta marzo de 2003, cuando ya se habían impugnado 130 permisos sin que se adoptaran medidas.

Entre las obras en construcción que se encuentran paralizadas hay algunas de promotores imputados en la Operación Malaya, como José Ávila Rojas -279 casas en Río Real y 192 en La Trinidad, de Naviro Inmoviliaria; y 210 de Turasa-, o Carlos Sánchez -242 viviendas en Elviria de CCF 21 y dos hoteles-, o Fidel Sanromán -dos centros comerciales del grupo Tifan-.