El Gobierno dedicará cada año 85 millones más a ayuda social tras el pacto con el PSE

El Gobierno va a gastarse cada año 85 millones de euros más en ayudas sociales tras el acuerdo que rubricó ayer con el PSE, el tercer gran pacto que el Ejecutivo cierra con los socialistas esta legislatura. El acuerdo, en el que ambas partes han estado trabajando durante los últimos meses, va a suponer un cambio del modelo asistencial, ya que parte de las ayudas tendrán el carácter de un derecho subjetivo, es decir, estarán garantizadas por ley y no sujetas a la disposición presupuestaria. Es el caso del punto principal del acuerdo: el pago de complementos para equiparar todas las pensiones contributivas y no contributivas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en la actualidad se eleva a 570,6 euros mensuales.

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, de EA, y su viceconsejero, Manuel Vigo, firmaron el acuerdo junto al portavoz del PSE en la Cámara, José Antonio Pastor, y la parlamentaria encargada en este partido de cuestiones sociales, Gemma Zabaleta. Azkarraga destacó que el pacto permite alejar las políticas sociales del enfrentamiento partidista. "Se trata de un gran acuerdo abierto al resto de los agentes sociales, partidos e instituciones", dijo.

Pastor recordó que la trayectoria de su partido en el Parlamento refleja la importancia que ha dado a todo lo relativo a la construcción social. "Ha quedado claro que la oposición que realizamos en la Cámara resulta útil para la ciudadanía. El pacto pone en valor todas las iniciativas que hemos presentado durante estos años", resaltó.

Tras la presentación política, Vigo desgranó los principales contenidos, que implicarán la aprobación de leyes, la modificación de algunas de las ahora vigentes y la puesta en marcha de planes especiales de inserción y familia. Las medidas implican un desembolso anual de 85 millones de euros para mejorar la calidad de vida de alrededor de 14.000 hogares.

Respecto al ámbito de las ayudas a las familias, el acuerdo prevé como gran novedad el aumento progresivo de las subvenciones a las familias con hijos hasta que estos cumplan los 18 años, al estilo de los sistemas de protección más avanzados de los países nórdicos. En la actualidad, se conceden ayudas a las familias con tres hijos o más hasta que cumplan los siete años; a las que tienen dos hijos hasta los cinco y por el nacimiento de hijos únicos.

La previsión del Gobierno es ir modulando las ayudas cada año hasta llegar a 2020 con el sistema de protección cerrado. La futura ley de Apoyo a las Familias dará cobertura legal a este modelo, con lo que las ayudas pasarán a ser un derecho subjetivo y universal que todos los padres podrán reclamar. La subvención que se les conceda dependerá de su nivel de renta.

En el campo de la lucha contra la exclusión social, Vigo destacó el complemento asistencial para equiparar todas las pensiones hasta la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional. Más de 468.000 personas cobran actualmente pensiones contributivas en Euskadi y otras casi 10.000 las no contributivas. Se trata de un avance sin precedentes en España, donde ninguna comunidad ha aprobado un complemento de este nivel. En total, supondrá un gasto anual de 32 millones de euros.

También se crea un complemento específico para el alquiler de vivienda, al que se otorga el mismo carácter de derecho subjetivo que actualmente tiene la renta básica. Hasta ahora, ese dinero para el alquiler procedía de la bolsa común de las Ayudas de Emergencia Social (AES), cuya finalidad no era pagar los alojamientos, sino socorrer necesidades puntuales. Para evitar esta disfunción se ha creado el complemento de vivienda, al que se destinarán unos 47 millones de euros al año. De los 22.000 perceptores de las AES que existen en la actualidad, cerca de un 80% se beneficia de la subvención para pagar el alquiler de la vivienda donde reside.

El importe de la renta básica subirá este año hasta el 88% del SMI, lo que supondrá cinco millones de euros más. Se ampliarán los supuestos para que los jóvenes de 18 años puedan acceder a ella. En la actualidad puede cobrarse a partir de los 23 años. Otra de las medidas económicas es la partida de 600.000 euros que se destinarán a atender las necesidades de los hijos de las familias monoparentales.

Gemma Zabaleta resaltó el carácter estratégico del acuerdo en varias cuestiones, como la inserción, porque hace hincapié en las políticas de empleo más que en las puras ayudas económicas. Y subrayó la universalidad de las subvenciones y la ampliación de derechos que permitirán "llevar una vida más digna a los que más lo necesitan".

La previsión del Gobierno es que todo el paquete de medidas conformado en la futura ley de Familia y en la modificación de la ley contra la Exclusión Social queden aprobadas en el Parlamento antes de finales de este mismo año, con lo que podrían entrar en vigor en 2008. El Gobierno quiere remitir los proyectos a la Cámara antes del verano.