El blindaje de la política de asistencia

El acuerdo suscrito por el Ejecutivo con el primer partido de la oposición supone, en la práctica, el blindaje de la política social del Gabienete para los próximos años, al menos en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con las ayudas a familias con hijos y el ámbito de la inserción. Al margen queda, por el momento, el terreno de juego del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, en manos de EB, cuyo principal proyecto es la ley de Servicios Sociales. En ella ha puesto ahora el punto de mira el PSE.

El portavoz parlamentario socialista, José Antonio Pastor, ya lo anunció ayer nada más rubricar el pacto con el consejero Joseba Azkarraga: "Éste es el punto de partida hacia nuevos objetivos, la ley de Servicios Sociales".

Con este pacto, el segundo Plan de Inserción, la ley de Apoyo a las Familias con Hijos, la reforma de la ley contra la Exclusión Social y los futuros planes de familia quedan a salvo de sobresaltos parlamentarios, algo muy importante dada la minoría del Ejecutivo. Una alianza de la oposición, aunque no fuese movida por los mismos intereses, hubiese podido dar al traste con alguna de las propuestas.

Por si acaso, ayer mismo ya recibió un aviso de EHAK, que criticó el acuerdo al entender que los socialistas han rebajado sus pretensiones iniciales. Su portavoz, Nekane Erauskin, recordó que el pacto no recoge dos de las reivindicaciones históricas del PSE: que los mayores de 18 años puedan cobrar la renta básica y que el importe de ésta alcance al 100% del SMI. "Nosotros apoyamos en su momento estas iniciativas, pero ahora los socialistas se olvidan y pactan con el Gobierno para seguir una línea neoliberal". El Ejecutivo habló también en su momento con el Partido Popular y se encontró con un rechazo, explicó el viceconsejero, Manuel Vigo.