Un golpe de Estado
Mañana, 16 de marzo, se cumplen cuatro años de la Declaración de la cumbre de las Azores, en la que George Bush, Tony Blair y José María Aznar se coaligaban para atacar Irak. La reunión de las Azores trataba de justificar ideológicamente el ataque norteamericano y británico que escasos días después iba a producirse sobre el Irak de Sadam Husein. Trataba de justificar ante la comunidad internacional la legalidad y la oportunidad de esa operación, apoyándose en el entonces concepto de moda: "la legítima defensa preventiva". La Declaración puede considerarse una declaración de guerra a plazo, que no venía sino a ratificar los planes de Bush ya fijados desde meses atrás.
La Declaración está llena de frases grandilocuentes -"actuar en nombre de la comunidad internacional", "para hacer cumplir la legalidad internacional", "en defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos", "para salvar a las Naciones Unidas"- cuando la realidad es que se pretendía suplir a la comunidad internacional, subvertir la legalidad internacional, pisotear los derechos humanos y hundir a las Naciones Unidas.
Los tres mandatarios decían representar a la comunidad internacional, cuando lo cierto es que trataban de puentear a la misma, representada legítimamente en el seno de Naciones Unidas. La Declaración de las Azores se producía en un contexto en el que ninguno de estos tres países lograba convencer a sus socios del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se plegaran a sus pretensiones.
El concepto de guerra preventiva, acuñado por la Administración de Bush, vulnera directamente el derecho internacional que decían entonces salvaguardar y que no conoce más empleo de la fuerza legítimo que en defensa propia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es la única institución legitimada para autorizar el empleo de la fuerza y sin su consentimiento cualquier ataque a otro Estado de la comunidad internacional se considera un crimen de agresión. Por tanto, a pesar de aludir en repetidas ocasiones a la defensa de la legalidad internacional, eran los tres líderes de las Azores los que se colocaban fuera de la ley, incumpliendo los compromisos de la Carta de las Naciones Unidas.
Cuatro años después, se confirma que Estados Unidos no hacía sino aplicar el calendario militar que había aprobado meses atrás y que, en su estrategia neoconservadora, el resto de los Estados -la comunidad internacional- sólo le servían y le legitimaban en la medida en que aceptaban ser sus comparsas. La Declaración de las Azores, aunque sostuviera "salvar a la ONU", era un ultimátum, una amenaza a la misma, ya que se defendía su validez sólo en cuanto salvaguardara los intereses de Estados Unidos y se subordinara a sus decisiones. Era también un ultimátum dirigido a quienes como Francia, Alemania, Rusia o Chile se oponían a las tesis norteamericanas, intentando agotar las soluciones políticas y pacíficas antes de recurrir a la fuerza.
Las declaraciones de las Azores formulaban un llamamiento al resto de los países para que se sumaran a la coalición contra Irak, abandonando las "diferencias coyunturales". Sin embargo, tales diferencias no tenían nada de coyunturales sino que ponían de relieve una división profunda entre quienes defendían entonces una lógica de guerra, una estrategia apoyada en el poderío militar unilateral, y la comunidad internacional, que mayoritariamente compartía el temor por la amenaza del régimen de Husein, pero no los medios y quería gestionar el problema desde el derecho internacional en marcos multilaterales. En Estados Unidos, cuatro años después, comienzan a darse cuenta de que sólo la razón convence y que la fuerza sólo conduce a una espiral demencial de rencor y resentimiento.
Aquella guerra fugaz, terminada por decreto presidencial, ha conducido a una postguerra de difícil gestión que ha conducido a que el Gobierno estadounidense haya vuelto los ojos a la comunidad internacional para lograr de nuevo su colaboración. A los pocos meses, Bush volvía a las Naciones Unidas que había despreciado a fin de lograr un mandato de reconstrucción de Irak y que el resto de los países de la comunidad internacional colaborara activamente en ésta. Sólo las Naciones Unidas representan legítimamente a la comunidad internacional y cuando otros adoptan decisiones y ultimátums en su nombre, no cabe hablar más que de un golpe de Estado, en que los golpistas se amparan en la legalidad vigente para subvertirla.
La Declaración de las Azores trataba de solucionar una cuestión ideológica, intentaba por la vía de los hechos cambiar el Ius ad Bellum, el derecho internacional que rige la legalidad del uso de la fuerza y volver al derecho a la guerra. Fue, ante todo, una guerra ideológica, ya que las causas para ir a la guerra no eran objetivas sino ideológicas. Se trató, entonces, de acuñar y de imponer el concepto de legítima guerra preventiva. Esa noción ha tenido tan poca fortuna que, cuatro años después, ya nadie se acuerda de ella. Como ocurre en muchas ocasiones, el golpe de Estado contra la legalidad internacional y contra su institución principal, las Naciones Unidas, ha producido los efectos contrarios a los deseados. Cuatro años después se confirma lo imprescindible de esta institución y de los marcos multilaterales para gestionar los problemas globales.
Francisco Aldecoa Luzarraga es catedrático de Relaciones Internacionales y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
