Tampoco en la justicia

Hacía tiempo que el interés de los ciudadanos no asomaba la cabeza en el debate sobre la justicia, enredados como están el PP y el PSOE en una dura pugna por mantener o ampliar su control sobre las instituciones -el Consejo General del Poder Judicial en primera línea-, así como en un enfrentamiento total sobre la política antiterrorista que no deja de influir en la actuación de los tribunales. Un episodio nada inocente en esta pugna es la maniobra atribuida al ya cesado y en funciones presidente del Tribunal Supremo y del Consejo Judicial, Francisco José Hernando, para alterar en un sentido conservador la composición de la Sala Especial del Supremo encargada de aplicar la Ley de Partidos Políticos. Al ministro de Justicia el hecho le ha causado "hondísima preocupación", pero habría que investigar lo sucedido y exigir explicaciones, si no responsabilidades.

En su primera comparecencia ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso, Fernández Bermejo no ocultó al menos que su objetivo político será agilizar los mecanismos para que los ciudadanos obtengan una respuesta judicial rápida y adecuada a sus demandas y contribuir al sosiego de los tribunales para que desaparezca la imagen politizada que se tiene de ellos. Vistos los antecedentes sobre la forma en que el PP acogió su nombramiento, nada de lo que dijo el ministro satisfizo al portavoz popular en la Comisión. Y no sólo respecto de las órdenes cursadas a la Abogacía del Estado para extremar la vigilancia sobre la posible presentación de sucedáneos de Batasuna en las elecciones municipales.

Por más rotos que estén los puentes entre el Gobierno y el PP, también en el ámbito de la justicia, los ciudadanos no pueden ser los paganos de la situación. El portavoz del PP, Ignacio Astarloa, tiene derecho a no considerar a Bermejo "la persona adecuada para ser ministro de Justicia", pero no a amenazar con una política de tierra quemada en el terreno legislativo -anular todas las leyes aprobadas en el Parlamento sin el apoyo del PP- desde "el minuto siguiente" de que su partido volviera al Gobierno.

El desencuentro entre el PSOE y el PP no puede estar por encima de su compromiso legal e institucional por el buen funcionamiento de la justicia. Y en ese compromiso ocupa un primerísimo lugar la urgente renovación del actual Consejo del Poder Judicial. Puesto que la situación favorece objetivamente al PP, este partido podría tener la tentación de no hacer nada para cambiarla incluso hasta las próximas elecciones. Y ello con la esperanza, en caso de ganarlas, de pasar sin solución de continuidad de un Consejo elegido en 2001 con mayoría conservadora a otro de igual signo. Claro que eso tendría un nombre: fraude institucional.