El presidente del Supremo ordenó la maniobra que alteró la sala que juzga a Batasuna

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, ordenó a los servicios técnicos del órgano de gobierno de los jueces retrasar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dos de los cuatro nombramientos de la Sala de lo Civil del alto tribunal aprobados el 20 de abril de 2005, según el secretario general del Consejo, Celso Rodríguez Padrón. Con esa maniobra se alteró la composición de la Sala Especial que ilegalizó a Batasuna y que actualmente liquida su patrimonio (Sala del 61), dando entrada en ella al conservador Antonio Salas, en lugar de a Encarnación Roca, de sensibilidad catalanista y progresista.

Los vocales progresistas del Poder Judicial pidieron el pasado 23 de febrero explicaciones al presidente por esta maniobra. En un escrito enviado al pleno, solicitaron que se explicara por qué se enviaron dos designaciones para su publicación en primer lugar y otros dos una semana después. Hernando, que no asumió ninguna responsabilidad en lo sucedido, echó las culpas a los servicios técnicos del Consejo y encargó un informe a su principal responsable, el secretario general del órgano, Celso Rodríguez Padrón, que ahora asegura que fue el propio Hernando quien le ordenó actuar de ese modo.

El retraso en la publicación de los nombramientos tuvo especial incidencia en la composición de la Sala del 61, formada por el presidente del alto tribunal, los presidentes de cada una de sus cinco salas y el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.

Apoyada por los progresistas

Si las designaciones de los cuatro magistrados nombrados el 20 de abril de 2005 se hubieran enviado al BOE al mismo tiempo para su publicación, Encarnación Roca -catedrática de Derecho Civil apoyada por el vocal a propuesta de CiU, Alfons López Tena; y por Montserrat Comas, propuesta por el PSOE- hubiera pasado a integrar la Sala del 61 como magistrada más joven de la Sala Civil, en aplicación del artículo 347 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de un acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de 1992.

Pero Hernando propuso al secretario general que se iniciaran los trámites para la publicación de dos designaciones, retrasando las otras dos, lo que provocó que los reales decretos por los que se oficializaron las primeras (entre ellos el de Roca) fueran una semana anteriores. "El presidente me comentó que resultaría posible realizar dos actos de toma de posesión y, por tanto, para que pudiesen incorporarse a la Sala Primera lo antes posible al menos dos magistrados, podía iniciarse ya el trámite de publicación de los reales decretos de los nuevos magistrados procedentes del turno de juristas", dice el secretario en el informe que ha enviado al pleno del Consejo.

Una semana después de que se enviaran esos nombramientos, el presidente, según el secretario, "indicó que había reconsiderado su decisión inicial de celebrar dos tomas de posesión distintas" y que, "por necesidades de la Sala debían tomar posesión los cuatro nuevos magistrados juntos", por lo que las otras dos designaciones se enviaron siete días más tarde.

Como resultado, en lugar de Roca, fue Antonio Salas Carceller, juez de carrera apoyado por los vocales propuestos por el PP y perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el que pasó a formar parte de la Sala, cuya composición está claramente inclinada hacia los magistrados propuestos por el sector conservador.

La Sala del 61 puede adquirir gran importancia en los próximos meses. La izquierda abertzale ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones municipales del próximo 27 de mayo. Si sus líderes forman un nuevo partido y el fiscal decide impugnarlo, será esa sala la que decida si cumple con los requisitos legales para ser inscrito en el registro de partidos del Ministerio del Interior. Fuentes del alto tribunal aseguran que sus miembros podrían actuar también sin la intervención del fiscal durante la ejecución de la sentencia que ilegalizó a Batasuna, aún en trámite.