La Junta ultima la nueva ley que mediará en conflictos familiares antes de llegar al juez

El Consejo de Gobierno de la Junta acordó empezar a tramitar el anteproyecto de la Ley de Mediación Familiar, que regulará el procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos en el ámbito doméstico a través de la intervención de profesionales especializados. Según explicó la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, la norma no se limitará a los casos en que se encuentren implicados menores, como ocurre ahora, y contará con un presupuesto inicial de 600.000 euros. Los casos en los que haya violencia y malos tratos quedan excluidos.

En conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Micaela Navarro recordó que la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social cuenta desde 2001 con un programa de mediación familiar, que se inició en Granada, y a partir de 2003 comenzó a funcionar en toda la comunidad autónoma. En él intervienen 21 profesionales y que hasta el momento ha atendido más de 2.500 casos. "Esta experiencia ha servido para elaborar la nueva norma", precisó.

Navarro especificó que podrán acogerse a esta fórmula las personas casadas; las parejas de hecho y aquellas sin vínculo legal pero con hijos comunes; los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad; las personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras, y también las personas que ejercen tutela sobre menores.

Entre los conflictos que podrán ser objeto de mediación, se incluyen los derivados de procesos de separaciones, divorcios y disoluciones de parejas de hecho; cuestiones relativas al derecho de alimento y cuidado de personas mayores de 65 años o con discapacidad; relaciones de los menores con sus parientes, tutores o guardadores, y ejercicio de la patria potestad o tutela.

Quedan excluidas expresamente todas las situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, los hijos o cualquier otro miembro de la familia, puntualizó la consejera, quien aclaró que la mediación no supondrá costes para aquellos implicados que cumplan con los requisitos establecidos como beneficiarios de la Asistencia Jurídica Gratuita. Es decir, cuyos ingresos no superen 2,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En el resto de los casos, se abonarán las tarifas que se establezcan reglamentariamente.

El procedimiento de mediación familiar tendrá una duración máxima de tres meses, prorrogables por otros tres, ya que, según Navarro, no puede prolongarse "de forma indefinida". Concluirá, en caso de acuerdo, con un acta vinculante para ambas partes, que debe servir para que haya "un menor número de conflictos familiares que lleguen al ámbito judicial que enredan y normalmente terminan perjudicando a los menores", en palabras de la consejera para la Igualdad.

La figura del mediador podrá evitar también la apertura de segundos o sucesivos procedimientos judiciales, por ejemplo, en los casos referidos al régimen de visitas o al pago de la pensión alimenticia, en los que los profesionales pueden intervenir para que la sentencia se cumpla, si se les requiere.

El anteproyecto asegura el principio de voluntariedad para las partes que soliciten la mediación, así como la imparcialidad de los profesionales mediadores y la confidencialidad de información obtenida durante el proceso, dijo Navarro.