El fiscal pide una prórroga para seguir investigando la Hacienda de Irún

El fiscal jefe de San Sebastián, Jaime Goyena, solicitó ayer a la Fiscalía General del Estado una prórroga de seis meses para completar la investigación de las supuestas irregularidades descubiertas en la oficina de la Hacienda foral de Irún. Ayer concluía el plazo legal, también de seis meses, desde que abrió las diligencias a raíz de la denuncia que interpuso la propia Diputación, que ha supuesto la revisión de más de 200 expedientes.

Como todo hacía prever, la fiscalía de San Sebastián se ha visto obligada a solicitar una prórroga que le permita rematar la investigación que inició el pasado mes de septiembre, a instancias de la Diputación, sobre el presunto fraude fiscal en la oficina de la Hacienda foral de Irún. El fiscal dispondrá de otros seis meses, pero fuentes próximas al ministerio público aseguran que Goyena no necesitará agotar este nuevo plazo, ya que la investigación, realizada por agentes de la Ertzaintza y del Cuerpo Nacional de Policía y funcionarios forales, se encuentra muy avanzada, a falta de recibir algunos documentos de entidades bancarias y organismos públicos.

Concluida esta fase, el fiscal decidirá si archiva las diligencias o presenta una denuncia ante un juzgado de Instrucción de Irún. Todo parece indicar que optará por esta segunda opción, según se desprende de las informaciones que el diputado para la Fiscalidad y las Finanzas, Juan José Mujika, desgranó recientemente en las Juntas Generales. Allí reconoció que en la oficina tributaria de Irún se habían cobrado deudas cuyo importe no se ingresó en las arcas forales y que se dieron de baja por insolvencia deudas de contribuyentes que no lo eran.

Las anomalías descubiertas por una auditoría de la Diputación que inicialmente afectaban a una docena de declaraciones y fueron el motivo de la denuncia ante la Fiscalía, se han ampliado al menos a varias decenas de casos, después de haber investigado en estos meses como mínimo 200 expedientes tramitados en esa oficina.

La fiscalía está investigando los pagos que algunos contribuyentes realizaron en metálico, así como el destino de las cantidades que se abonaron por medio de entidades bancarias a través de transferencias o cheques. Las cantidades pagadas y no ingresadas en la Hacienda foral alcanzan los 975.000 euros, si bien la cifra que dejó de percibir el fisco provincial resulta superior, toda vez que los pagos correspondían a una parte de la deuda y no a su totalidad.

Las Juntas Generales de Guipúzcoa acordaron el pasado febrero crear una comisión de investigación para depurar las spoibles responsabilidades políticas del caso. La prórroga pedida por el fiscal aboca la constitución de esa comisión a después de las elecciones de mayo.