Castilla y León tramita como ley urgente una gran urbanización en suelo protegido

Por la vía de urgencia, en lectura única y gracias a una modificación legal aprobada en diciembre, la Junta de Castilla y León, del PP, tramita una ley para construir la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Se trata de un complejo con 800 chalés y un parque empresarial en terreno protegido. Al tramitarlo como ley, la Junta evita un posible parón judicial como el que sufrió en las Navas del Marqués (Ávila), ya que sólo el Tribunal Constitucional podrá revocarla. La urbanización se aprobará en el pleno regional del miércoles, el último de la legislatura, gracias a la mayoría absoluta del PP. Otros polémicos planes urbanísticos, como la estación de esquí de San Glorio, seguirán el mismo camino.

Las cigüeñas sobrevuelan el Soto de Garray. Sobre una antigua casa de la Guerra Civil han construido sus nidos. Un poco más allá, los antiguos meandros del Duero aparecen cubiertos por abedules y sauces. Los únicos habitantes de este soto fluvial son las vacas que pastan a su antojo. No se ven pero también hay tejones, nutrias, garduñas y gatos monteses. En los árboles anidan garcillas, águilas pescadoras, águilas perdiceras, milanos reales, milanos negros... Es, según la Sociedad Española de Ornitología, el lugar de Soria donde se pueden observar más cantidad y variedad de pájaros.

La Junta de Castilla y León, del PP, tiene planes para este enclave, clasificado suelo de especial protección natural: quiere construir 800 chalés, un parque industrial, dos torres de oficinas y un centro hípico en 562 hectáreas junto al Duero que pretende "ejemplificar una nueva manera de asentamiento habitacional en armonía con el medio ambiente". Allí vivirán más de 3.000 personas. La Junta, en una ley que ha enviado al Parlamento regional, la define como "un espacio singular" para "conservar y poner en valor un paisaje natural tan relevante". Se llamará Ciudad del Medio Ambiente.

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, defendió ayer el proyecto: "Va a hacer que la gente se quede en Soria porque gracias a él se ubicarán empresas en la zona vinculadas a este futuro, el medio ambiente".

Pelotazo con buenas formas

La oposición y los ecologistas no lo ven igual. El PSOE denuncia que se trata de un pelotazo con buenas formas, envuelto en la defensa del medio ambiente. "Es la Junta contra todo el mundo. Nadie apoya esta urbanización salvo el PP", afirma el secretario provincial del PSOE y diputado regional, Carlos Martínez. El Colegio de Arquitectos, entre otros, ha criticado el lugar elegido.

Más allá de la polémica, lo excepcional es el procedimiento elegido: en vez de tramitarlo como cualquier plan urbanístico, la Junta ha elegido convertir el proyecto en ley, en una operación que lleva meses fraguando. El 18 de diciembre pasado, el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba una aparentemente nimia modificación de la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León. La Junta cambió un artículo de la norma para tramitar como ley "los planes o proyectos regionales de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico".

Menos de un mes después, el Consejo de Gobierno aprobaba la ley de la Ciudad del Medio Ambiente. Las Cortes le darán el visto bueno definitivo el miércoles, por la vía de urgencia, sin enmiendas, en el último punto del último pleno de la legislatura. La mayoría absoluta del PP (48 procuradores frente a 32 del PSOE) le concederá en ese trámite todas las licencias ambientales y urbanísticas, por lo que el proyecto ya no necesitará el visto bueno de los municipios afectados, Garray y Soria, donde el pleno municipal se opone. Los vecinos se encuentran divididos. Como denuncia Ecologistas en Acción, con la ley, ningún ciudadano, colectivo ecologista o propietario afectado podrá recurrir la urbanización. Las leyes pueden ser recurridas ante el Tribunal Constitucional por los grupos parlamentarios (con firmas de al menos 50 diputados), el Defensor del Pueblo o el Gobierno.

La Junta de Castilla y León evita así un posible revés judicial como el de Las Navas del Marques (Ávila). Allí impulsó una urbanización similar en terreno especialmente protegido y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la anuló en octubre pasado. Ahora el fiscal pide imputar, entre otros, al director de Medio Natural de la Junta por permitir la recalificación. La Ciudad del Medio Ambiente será inalcanzable para los jueces.

Fernández Carriedo afirma que la tramitación en las Cortes da más transparencia: "Es una garantía adicional. Añade un paso más que hace que haya más participación y que los grupos parlamentarios puedan opinar". Además, admite que a la Ciudad del Medio Ambiente le pueden seguir proyectos como la polémica estación de esquí de San Glorio, proyectada en un Parque Natural.

El PSOE asegura que recurrirá al Tribunal Constitucional la Ciudad del Medio Ambiente, pero para cuando haya sentencia, en unos años, puede que las cigüeñas de Garray convivan ya con los edificios.