La Guardia Civil despliega 200 agentes contra los delitos urbanísticos

Todo aquel que planee cometer un delito urbanístico o medioambiental tendrá que vérselas con un nuevo enemigo. Se trata de un grupo especial compuesto por 194 agentes de la Guardia Civil que desde ayer se encarga de investigar y perseguir infracciones relacionadas con los abusos urbanísticos en toda España. El director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida, justificó ayer la puesta en marcha de estas unidades apelando a la "gran alarma social" que generan los delitos que, además de degradar el patrimonio natural, elevan "artificialmente" el precio de la vivienda.

Los equipos están presentes en las 54 comandancias provinciales de la Guardia Civil. Habrá tres agentes por provincia, lo que suma un total de 162. Otros 25 trabajarán desde la Unidad Central Operativa del cuerpo, con sede en Madrid, y se dedicarán a apoyar al resto de unidades cuando la investigación sea de mayor trascendencia o complejidad. También se ha creado un equipo de inspección central formado por siete especialistas y dependiente del Seprona, la división de la Guardia Civil encargada de preservar el medio ambiente.

Mesquida precisó que estos agentes, incorporados al instituto armado tras un "largo proceso de selección", ya han recibido formación en el campo del derecho urbanístico, y ahora se les instruirá para que aprendan a detectar delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o blanqueo de capitales.

Agilidad en la investigación

Las unidades podrán comenzar a indagar presuntas ilegalidades a partir de una denuncia o a instancias de un fiscal o autoridad judicial, pero también a iniciativa propia, cuando consideren que existen indicios de delito. De este modo, según esperan los responsables de la Guardia Civil, será posible abortar las infracciones urbanísticas antes de que sea demasiado tarde, así como desmantelar tramas de corrupción.

La Dirección General de la Guardia Civil no precisó los motivos por los que se ha decidido enviar a tres agentes a cada provincia, con independencia del volumen demográfico, la presión urbanística que soporte o el número de denuncias motivadas por delitos contra el territorio. Mesquida indicó que en el futuro puede variar el número de efectivos.

Las actividades del grupo especial contra los delitos urbanísticos estarán coordinadas con otras unidades de la Guardia Civil, así como con la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ministerio de la Vivienda. El instituto armado ya ha establecido contactos con estas instituciones para suscribir protocolos de colaboración.

El director de la Guardia Civil se mostró convencido de que los ayuntamientos no obstaculizarán la labor de los agentes. "Un grano no hace granero. No hay políticos corruptos de un signo político o de otro, lo que hay son delincuentes", subrayó.