Los vecinos quieren participar en el control de las VPO en alquiler

La Asociación de Vecinos del Arenal, el barrio cordobés en el que está previsto levantar 54 viviendas protegidas en alquiler, pide a la Junta que les deje participar en el control y seguimiento de los futuros inquilinos. El Ayuntamiento tiene en marcha comisiones mixtas de este tipo desde hace un año. Los vecinos reclaman ahora a la Junta lo mismo. Quieren que se les permita alertar de posibles malas conductas por parte de algunos inquilinos.

La Junta de Andalucía ha previsto levantar una promoción de 54 pisos protegidos para alquilar en el barrio del Arenal de Córdoba, donde existen unas mil viviendas. Un grupo de vecinos acaba de crear una plataforma para oponerse al proyecto. Su presidente, José Antonio Delgado, dice que el "cupo de solidaridad" de su barrio ya está completo con las alrededor de 200 VPO de alquiler que ya existen. Las personas que accedan a esas nuevas casas protegidas tendrán una renta de hasta 39.396 euros al año y pagarán 274 euros mensuales de alquiler como máximo. Sin embargo, estas garantías no convencen a los opositores al proyecto, fundamentalmente, propietarios o personas arrendadas en otras viviendas de protección colindantes al nuevo proyecto.

La Asociación de Vecinos del Arenal ha anunciado que "acompaña" la iniciativa de la plataforma. Su vicepresidente, José Luis Gómez, mantiene una postura más moderada y no se opone a la construcción de estos pisos. Sin embargo, han decidido sumarse a la plataforma, entre otras cosas, "para que no haya actitudes que puedan rozar el racismo".

Gómez, quien además es el presidente del Consejo de Distrito Sureste, afirma que han planteado dos alternativas a la Consejería de Obras Públicas, que pilota el proyecto. Por un lado, han solicitado que las viviendas que se oferten no sean para el alquiler, sino para la venta. La razón estriba en que, si surgen problemas con algún inquilino, la comunidad, como propietaria del inmueble, puede ejercer presión por su cuenta para controlar a esas personas conflictivas.

Gómez ofrece otra alternativa: "Que la Junta nos dé a los vecinos las herramientas necesarias de control". En el caso de que las casas sean de alquiler, se trataría de crear una comisión de seguimiento conjunta. La idea es que los vecinos puedan alertar de las posibles conductas incívicas. Se las trasladarían a la Administración, que tendría que comprobar si esas denuncias son ciertas y poner en marcha los mecanismos de sanción.

Gómez asegura que esta iniciativa no es nueva. Han logrado que Vimcorsa, la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento de Córdoba, la acepte. Hace un año, indica Gómez, se crearon las primeras comisiones mixtas, donde los vecinos pueden presentar sus quejas y alertar de malas prácticas. "Se trata de una herramienta para poder controlar a las personas que venden droga, que no pagan la comunidad o que no respetan los inmuebles", asegura. Gómez, dice que, desde que se pusieron en marcha las comisiones, "no ha sido necesario echar a ningún inquilino".

El próximo 21 de marzo, el presidente del Consejo de Distrito Sureste se reunirá con el delegado de Obras Públicas, Francisco García, para tratar el problema de las 54 nuevas VPO en alquiler. Gómez lleva siguiendo el proyecto desde hace dos años, pero la polémica saltó la semana pasada con la creación de la plataforma y con la convocatoria de una asamblea vecinal sobre el proyecto. La plataforma la han creado un grupo de inquilinos que, al igual que Gómez, residen en viviendas protegidas. Lo que les alertó fue que se empezaran a hacer las catas arqueológicas en el solar. El vicepresidente de la Asociación de Vecinos del Arenal espera que la Administración atienda sus peticiones y que el asunto no se enrede con actitudes racistas. Hace unos meses, el Ayuntamiento de Córdoba paralizó un proyecto de 250 apartamentos protegidos en la zona después de que se extendiera el rumor de que irían destinados a rumanos, marroquíes y a colectivos marginales.