La pugna política se extiende a la judicatura

Arrecia la batalla por el Poder Judicial

El PP quiere que Hernando impida la creación de un nuevo partido 'abertzale'

Como los jueces no se meten en política, debe ser casualidad que desde el Tribunal Constitucional hasta el último juzgado de provincias el Gobierno se enfrente a toda suerte de conflictos, en todas las instancias y jurisdicciones. O puede que el Partido Popular, que mantiene bloqueada desde noviembre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que ha abocado al Constitucional a la mayor crisis de toda su historia al conseguir recusar a un magistrado, tenga cierto interés en que la ofensiva se prolongue.

El nombramiento de Fernández Bermejo ha concitado las iras del Partido Popular

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El nombramiento del nuevo titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha concitado las iras del primer partido de la oposición, pero el panorama al que se enfrenta el ministro resulta desolador: batallas en todas los frentes y menos de un año para concluir una legislatura que el PP quiere borrar hasta del BOE. Estos son los principales escenarios de cada batalla y de cada emboscada.

- Renovación del CGPJ. A reserva de lo que el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, anuncie el miércoles en el Congreso sobre política de su departamento, diversas fuentes consultadas apuntan que el PSOE tendría intención de abrir el proceso de renovación convocando al resto de los grupos para renovar el Consejo. Impulsar medidas en la línea de unificar agendas, fechas de reuniones y promover acuerdos a fin de que, si el PP no entra al juego, dejar en evidencia que es el único que se opone.

En realidad, la renovación podría cerrarse en cuestión de horas, puesto que PP y PSOE ya tienen perfilados los nombres de sus candidatos. A falta cerrar si el PP tendrá ocho o nueve consejeros, -exige un mínimo de nueve para tener minoría de bloqueo en los nombramientos-, la posible composición final podría ser de nueve consejeros para el PSOE, nueve para el PP, uno para CiU y otro para el PNV.

El PP quiere repetir el mismo modelo del Consejo actual: un bloque monolítico de nueve incondicionales que voten como un solo hombre y en sintonía con las directrices de la calle Génova. Algunos de los nombres que se han barajado proceden del sector más talibán de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM): el magistrado del Tribunal Supremo José Souto, que actuaría de delegado de la APM en el Consejo; la juez de Madrid Gemma Gallego, empeñada en sentar en el banquillo a la cúpula de la Policía Científica por negarse a relacionar el 11-M con ETA; y Concepción Espejel, presidenta de la Audiencia de Guadalajara. El PP también asumiría en su bloque a la juez Beatriz Grande Pesquera, amiga de Eduardo Zaplana y ganadora de unas elecciones de no asociados tras haber sido militante de la APM.

El PSOE quiere mantener la paridad entre sus nueve candidatos, nombrar al presidente -teóricamente lo nombran los 20 nuevos consejeros- y armar una formación capaz de mantener a raya a los conservadores. Barajan nombres como la magistrada del Tribunal Supremo Margarita Robles, de la asociación Jueces para Democracia, o Miguel Carmona, presidente de la Audiencia de Sevilla y de la misma asociación. El PSOE asumiría a un representante de la asociación centrista Francisco de Vitoria -ausente del actual Consejo-, cargo para el que se proyecta el magistrado Manuel Torres Vela. Por el PNV, que tampoco ha tenido representante en los últimos cinco años, parece segura la candidatura de la diputada Margarita Uría.

Para presidente del Poder Judicial se barajó el nombre del presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, que parece descartado fundamentalmente por no ser magistrado del Supremo, tribunal que también tendría que presidir. La presidencia se resolverá en el último momento.

Por el momento no se contempla una dimisión colectiva de los vocales de la izquierda para forzar la inoperancia del Consejo, al estilo de las dimisiones que acabaron con el Consejo del Poder Judicial presidido por Pascual Sala en 1996. El Pleno del CGPJ precisa de al menos 13 vocales para funcionar, lo que haría preciso la dimisión de al menos seis consejeros, de los que dos tendrían que ser judiciales y por ello podrían tener problemas disciplinarios.

- Tribunal Supremo. A corto plazo, el principal incendio puede propagarse en la Sala Especial encargada de aplicar la Ley de Partidos Políticos, también llamada Sala del artículo 61. No para ilegalizar "de oficio" el Partido Comunista de las Tierras Vascas, como se ha venido insinuando. Según fuentes del Supremo, la Sala Especial no puede actuar de oficio, y aun si lo intentase, sin el impulso del Gobierno o del Ministerio Fiscal sería virtualmente imposible sacar la ilegalización adelante.

En cambio, en medios judiciales próximos al Gobierno preocupa más que la Sala Especial actúe contra un nuevo partido que surgiese de la izquierda abertzale, si ésta acaba pasando por ventanilla con la intención de presentarse a las elecciones municipales. Con unos estatutos aceptables en los que de alguna forma se desprendiese la renuncia a la violencia mediante la aceptación del juego democrático, el único requisito para la legalización sería pasar por el Registro de Partidos Políticos y que el Ministerio del Interior no los enviase al Ministerio Fiscal para que éste los impugnase. Así, el nuevo partido abertzale podría quedar inscrito.

Sin embargo, la Sala Especial del Supremo puede entrar a considerar que el nuevo partido se ha constituido en fraude de ley o que es continuador o sucesor de la ilegalizada Batasuna, en los términos establecidos en el artículo 12.1.b) de la Ley de Partidos Políticos y aplicar el artículo 12.2, según el cual corresponde a la Sala Especial asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, que se ejecuten y respeten todos los efectos previstos para el supuesto de disolución.

De ahí que, según las citadas fuentes, el PP esté resuelto a mantener de momento el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, puesto que el presidente de este organismo, Francisco Hernando, preside también el Tribunal Supremo, y como presidente del Supremo preside también de la Sala Especial. Dada la trayectoria de Hernando, el interés del PP en mantenerle al frente de las tres instancias y de no renovar el Consejo se deduce por sí solo.

Pero antes hay que resolver de qué lado cae la última formación de la Sala Especial, lo que dependerá finalmente de cuál de los dos últimos magistrados nombrados el mismo día para el Supremo, Luciano Varela, progresista de Jueces para la Democracia, o Antonio Marchena, un destacado fiscal de derechas, accede en último lugar al alto tribunal. El último en acceder es considerado el magistrado más moderno, y pasa automáticamente a formar parte de la Sala Especial. Y de ese nombramiento en una Sala de 16 jueces puede depender la orientación que tenga la Sala Especial, dado que una eventual incorporación de Varela llevaría a un virtual empate entre ambas tendencias.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 10 de marzo de 2007.

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