Los jueces conservadores copan los puestos clave

Los jueces conservadores, agrupados en la Asociación Profesional de la Magistratura, dominan el Tribunal Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia, la mayoría de las Audiencias Provinciales y, sobre todo, la Audiencia Nacional, la jurisdicción clave para llevar adelante el proceso de paz.

En el Tribunal Supremo tienen la presidencia de cuatro de sus cinco salas y amplia mayoría en todas ellas, excepto en la Sala de lo Civil, la única que mantiene un presidente progresista, Juan Antonio Xiol, y una composición equilibrada. La diferencia más patente radica en la Sala de lo Penal, la más sensible de todas por tener asignada el enjuiciamiento de delitos cometidos por aforados, entre los que se cuentan los miembros del Gobierno y del Legislativo. La Sala ha intentado nadar y guardar la ropa en algunas de sus últimas decisiones, todas polémicas: la doctrina Parot, que aplica sucesivamente la extinción de penas prolongando hasta el máximo de 30 años el cumplimiento efectivo de prisión; la sentencia Jarrai, que declaró terrorista a la organización juvenil de Batasuna, considerada asociación ilícita por la Audiencia. Y la sentencia De Juana, la más criticada, pero la más juiciosa.

La Sala Penal guardaba equilibrio hasta la jubilación de los magistrados progresistas José Antonio Martín Pallín y Siro García, cuyas plazas han sido cubiertas por el fiscal conservador Antonio Marchena y el magistrado de izquierdas Luciano Varela. La diferencia se sitúa en nueve magistrados a seis a favor de la derecha judicial, diferencia que se incrementará a 10-6 con el regreso del vocal del Poder Judicial Adolfo Prego, propuesto por el PP y a quien deben su nombramiento al menos la mitad de sus compañeros. Inteligente, buen jurista y muy maniobrero, Prego se convertirá previsiblemente en el líder de su sector en cuanto regrese a la Sala.

La Sala de lo Contencioso, que tiene asignados los recursos contra disposiciones del Gobierno, tiene también mayoría de dos tercios de conservadores, y ha empezado a notarse en asuntos como la OPA de Gas Natural o la anulación del traslado de la Comisión de las Telecomunicaciones a Barcelona.

La Sala de lo Militar, presidida por Ángel Calderón, ha dejado claro que las condenas del franquismo en los asuntos más significados -el ministro republicano Juan Peiró o los anarquistas Delgado y Granados- no son revisables. En breve se pronunciará sobre el caso Puig Antich.

- Audiencia Nacional. Con el nombramiento, a la tercera, de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala Penal y la incorporación de Fernando Grande-Marlaska al juzgado central 3, la Audiencia queda en manos de un núcleo duro de conservadores, que ya han demostrado su capacidad al revocar la excarcelación del etarra De Juana, o con sentencias como las del propio De Juana o Henri Parot. Dominan en sus tres cuartas partes un pleno de 16 magistrados en la jurisdicción clave para sacar adelante el proceso de paz. Hoy ni se vislumbra cómo desarrollar un proceso similar al que concluyó, sin estridencias, con la presentación de los polis-milis de ETA de la mano del abogado Juan María Bandrés en la Audiencia.

- Tribunales Superiores de Justicia. De los 17 TSJ, la conservadora APM cuenta con 11 presidencias, entre ellas la del muy conservador Fernando Ruiz Piñeiro en el País Vasco, que mantiene imputado al lehendakari Ibarretxe como supuesto cooperador necesario en un delito de desobediencia.

- Audiencia de Madrid. El caso Bono, con penas de cinco años a los policías que interrogaron a dos militantes del PP para identificar a los agresores del entonces ministro de Defensa en una manifestación de la AVT y la imputación de la cúpula de la Policía Científica por la juez Gemma Gallego dan idea de la situación a que se enfrenta el Ejecutivo en esta jurisdicción.