Jaque en el Constitucional
La enmienda introducida por IU esta semana en el Senado para prolongar el mandato de la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, desde junio hasta el momento de su relevo, previsto en principio para diciembre, tiene más calado que el de prevenir un eventual asalto a la presidencia del alto tribunal para acelerar el derribo del Estatuto de Cataluña por los seis magistrados conservadores.
En diciembre de 2007 cesan los cuatro magistrados designados por el Senado -la presidenta Casas y los conservadores Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata- pero según fuentes del sector conservador, no se prevé que el relevo efectivo tenga lugar antes de junio de 2008. No sólo porque el PP puede bloquear la renovación en el Senado, como ha hecho en el Poder Judicial, sino porque en el mes de diciembre las elecciones generales marcarán la agenda política.
Tras la operación del PP para expulsar del Pleno del Estatuto al magistrado Pérez Tremps, en el PSOE se encendieron todas las alarmas ante lo que podía ser el preludio de una operación para desbancar a la presidenta María Emilia Casas, bien al término de su mandato en junio, bien tratando de forzar su dimisión con un acoso continuado.
Con la presidenta fuera de escena y tiempo hasta 2008, no sólo peligraba el Estatuto de Cataluña, sino también toda la legislación de la etapa de Zapatero, que ha sido recurrida de inconstitucionalidad por el Partido Popular: la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, el Plan Hidrológico Nacional, la elección de magistrados del Tribunal Supremo por tres quintos del Consejo del Poder Judicial y las leyes vasca y andaluza de Paridad. También la Ley de Dependencia recurrida por Navarra, gobernada por el Ejecutivo de la Unión del Pueblo Navarro.
Además, podrían controlar más de un centenar de cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por distintos juzgados sobre la Ley de Violencia de Género y sobre las medidas de alejamiento.
Tras el rechazo de la recusación del magistrado Jorge Rodríguez-Zapata, el Tribunal tiene pendiente el recurso de súplica contra la recusación de Pérez Tremps, que en las actuales circunstancias es difícil que prospere. Según explicaron expertos constitucionalistas, el rechazo de plano de la recusación de Zapata se debió en realidad a que el sector progresista mantuvo en todo momento la misma postura: si no cabía la recusación de Pérez Tremps por elaborar un estudio doctrinal, tampoco la de Rodríguez-Zapata por el mismo motivo.
En cambio, los tres magistrados conservadores que inicialmente votaron que Pérez Tremps no estaba contaminado y después cambiaron su voto volvieron a cambiarlo para evitar la expulsión de Zapata.
