A-corralados

Nueve de cada diez puertas de las viviendas están tapadas. En la escalera un denso silencio advierte de algo que huele a desenlace. Hace diez años, en la corrala Fernández de la Hoz, 63 vivían 82 familias. Ahora sólo quedan seis y ningún inquilino quiere abrir la puerta de su casa para comentar las últimas novedades sobre su edificio y sobre su propio futuro. "Ya es demasiado tarde. Nos habéis abandonado todo este tiempo. No hay más que hablar", explica un vecino por el portero automático.

Tras años de litigios y extrañas historias inmobiliarias, el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) subastó el pasado martes la corrala del barrio de Chamberí, el único edificio de renta libre que poseía la empresa pública. "Era una herencia del Instituto Nacional de la Vivienda. Nosotros no nos dedicamos a la renta libre", explica un portavoz de la Consejería de Urbanismo. Lo han vendido por 34 millones de euros. Con ese dinero, dicen, construirán 400 viviendas públicas. ¿Y las familias que quedan en la corrala? "Ya les ofrecimos un realojo en un edificio de La Ventilla. Unos lo aceptaron y los otros, a pesar de ser una oferta ventajosa, lo rechazaron. Ahora deberán negociar con el nuevo propietario", dicen.

"Negociaremos con los inquilinos y saldrán ganando", dice la empresa compradora

Restaura Diagonal, una empresa dedicada a la restauración y construcción de viviendas desde hace 30 años, ganó la subasta hace dos semanas. "La idea es hacer un edificio de nueva planta", explica el vicepresidente de la compañía, Xavier González. O sea, que la corrala se va al suelo. "Negociaremos con los inquilinos que quedan. Y vamos a hacerles entender que, pase lo que pase, van a salir ganando. Vivirán mejor". Los que tienen contrato y los que no. "Si pueden demostrar que han pagado una renta durante el tiempo que han vivido ahí, jurídicamente les amparan los mismos derechos", anuncia el directivo.

El edificio está en una zona privilegiada. Una de sus fachadas da a la plaza de San Juan de la Cruz. Quizá por su conveniente ubicación, el Ivima barajó a mediados de los noventa trasladar ahí su sede. La idea no gustó a los inquilinos y lograron paralizar el proyecto. Y por lo que pudiera venir, ellos que llevaban décadas, con y sin contrato, a expensas de una empresa pública que no se lo ponía fácil, pensaron en comprar su edificio.

La idea acabó fatal. Contrataron a un abogado que, dicen, les estafó y que propuso un plan de compraventa del edificio que fue considerado por la Comunidad como una operación especulativa. El negocio, que se iba a cerrar en unos 200 millones, se fue al garete. Y así continuaron, con el edificio cada vez más deteriorado y sin que el Ivima lo arreglase.

"Esto siempre ha funcionado por amiguismo. Muchos están aquí desde hace 30 años sin contrato. Otros, que llegaron más tarde, lograron que el Ivima les hiciera uno", denuncia una vecina que prefiere no revelar su identidad. "Luego, cuando el Ivima ofreció pisos para realojarnos, a los que tenían contrato se lo dieron a un precio y a los otros querían dárnoslos más caros". Actualmente, algunos de los vecinos todavía pagan rentas de un euro y medio por pisos de hasta 100 metros cuadrados.

En el edificio, que todavía conserva dos locales comerciales abiertos en sus bajos, se ha establecido una suerte de pacto de silencio. Los que quedan se han cansado de hablar y de que no les hayan hecho caso. Les acusaron de especuladores y de okupas. Y ahora les han subastado.