Vivenda multa con 3,6 millones a la promotora Vigolar por sus sobreprecios en pisos protegidos

La Consellería de Vivenda ha impuesto una multa de 3,6 millones de euros a la empresa Vigolar por cobrar sobreprecios en la venta de viviendas protegidas en el polígono de Navia. La empresa tambien es inhabilitada para construir ese tipo de inmuebles durante seis años a partir de la fecha en que la resolución sea firme, para lo cual a Vigolar aún le cabe presentar alegaciones ante la delegación provincial de Vivenda y, subsiguientemente, recurso de alzada ante la consellería.

El expediente de sanción arrancó en septiembre pasado con la denuncia colectiva de 41 compradores de vivienda protegida en el citado polígono vigués. La consellería estima que la promotora cobró un sobreprecio de algo más de 1,8 millones de euros en la venta de 49 viviendas. Ahora tendrá que devolvérselos a todos y cada uno de los demandantes, que pagaron una media de 37.157 euros de sobreprecio (el 30% del precio fijado oficialmente) y en algún caso, hasta 61.577 euros.

Vigolar construyó en Navia 190 de las 2.000 viviendas ya acabadas. El plan prevé la construcción de otras 3.000 para cerrar un proyecto que, dada su promoción pública, en su día se presentó como una iniciativa para abaratar los precios de la vivienda en Vigo. Así ha sido, pese a que, según fuentes vecinales, 9 de las 12 promotoras que participaron en la construcción han vendido los pisos con sobreprecios que oscilan entre el 30% y el 45% del precio oficial. Sólo escaparon de esta tónica común las viviendas promovidas por dos cooperativas, una de CC OO y otra de los vecinos del barrio, y por la inmobiliaria Abrecon, cuyo titular también es vecino de Navia.

La existencia de sobreprecios en el polígono de Navia era vox populi antes de que los primeros pisos fueran entregados a sus compradores. La Consellería de Vivenda, tras el cambio de color de la Xunta, en el verano de 2005, se comprometió a investigar esas irregularidades, para lo cual, advirtió, precisaba la formalización de denuncias por parte de los compradores. Apenas se presentaron las 41 que han suscitado ahora la sanción.

Las reticencias de los compradores a denunciar el pago de sobreprecios se deben, por una parte, a que las viviendas con sobreprecio siguen siendo más baratas que las análogas del mercado libre y, por otra parte, al temor de los compradores a que la Administración les acuse de ser cómplices en el juego. Todos aceptaron realizar obras complementarias en sus viviendas, como instalación de armarios empotrados o acceso a una segunda plaza de garaje, lo que justificó los incrementos sobre la tasación oficial.

"No reconocemos ese sobreprecio", señaló a este periódico Rafael Teniente, portavoz de Vigolar, en noviembre, un año después de entregar los primeros pisos. "La Administración supo en todo momento cómo se hacían los contratos y, si dejó continuar hasta el final, no parece lógico que ahora considere que hubo sobreprecio. En ningún caso hubo ocultación del procedimiento", afirmó.

El polígono de Navia volvió a ser objeto de polémica a primeros de año, tras la adjudicación a una cooperativa de la federación vecinal de Vigo de una promoción que UGT y otras candidatas consideran fraudulenta.