Los compradores de tarjetas prepago de móvil tendrán que identificarse

Las tarjetas prepago de teléfonos móviles dejarán de ser anónimas y la policía podrá conocer la identidad de sus titulares para una investigación o enjuiciamiento de delitos. Así se prevé en el Proyecto de Ley de Conservación de Datos en comunicaciones electrónicas y redes públicas, que ayer aprobó el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes, y que añade la exigencia para los operadores de abrir un libro de registro que recoja la identidad de los compradores de esas tarjetas prepago.

Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid fueron realizados con bombas activadas por medio de teléfonos móviles, encendidos a su vez con tarjetas prepago anónimas.

La norma afecta también a la cesión de datos de las comunicaciones electrónicas a las Fuerzas de Seguridad, ya que establece la obligación para los operadores de estos servicios de conservar todos los datos que permitan rastrear el destino y el origen de una comunicación, así como la identidad de todas las personas implicadas en ellas. Esa exigencia no afectará nunca al contenido de la comunicación y requerirá siempre una autorización judicial.

El conocimiento de los datos de las operadoras sobre llamadas entre los sospechosos y la localización de los lugares donde los móviles habían sido activados fueron clave en la investigación del 11-M.

Plazo de 12 meses

Los operadores conservarán los datos durante un plazo de 12 meses a contar desde el momento en que se haya producido la comunicación, y sólo se conservarán los necesarios para identificar su origen y destino, la hora, fecha y duración, el tipo de servicio y el equipo de comunicación utilizado por los usuarios. El Gobierno considera que así se refuerzan considerablemente los instrumentos policiales.

Según informó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es esencial que la policía, y de forma especial la Policía Judicial y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tengan acceso a la información que circula por Internet o por las líneas telefónicas, fijas o móviles, dado que "las redes de delincuencia organizada suelen reclutar especialistas de nivel en el manejo de estos medios electrónicos". Fernández de la Vega se mostró convencida de que esta medida va a aumentar la eficacia "tanto en la persecución de delitos como en la obtención de pruebas judiciales".

Pese a ello, la vicepresidenta añadió que el Gobierno "es consciente de que la seguridad pública debe mantenerse sin merma o limitación del derecho a la intimidad y a la privacidad", y por ello la ley incluye herramientas para garantizar el uso legítimo de los datos. La norma, ha sido sometida a informe de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.