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Chiclana inicia el plan para regularizar 10.000 viviendas ilegales en cuatro años

Fustegueras es el responsable de la oficina que agilizará los trámites para los propietarios

Chiclana (Cádiz, 72.364 habitantes) podrá resolver sus problemas de viviendas ilegales en cinco años. Es el plazo que maneja el arquitecto y urbanista Manuel Ángel González Fustegueras para regularizar las alrededor de 10.000 viviendas ilegales que existen en este municipio. Su empresa Territorio y Ciudad, junto a Urbe Óptima, se encargará de gestionar la oficina que ayudará a los propietarios de las casas a tramitar las solicitudes. González Fustegueras y el alcalde, José María Román, del PSOE, rubricaron ayer el contrato para poner en marcha este proceso.

La Gerencia de Urbanismo adjudicó en enero al consorcio Gestión Básica, formado por Territorio y Ciudad y Urbe Óptima, el contrato para impulsar la oficina que se encargará de ayudar a la legalización de las viviendas. "Nosotros seremos mediadores entre los propietarios y la administración local", explicó ayer Fustegueras. La adjudicataria, que será coordinada por funcionarios, realizará trabajos de "consultoría y asistencia técnica", según se establece en el acuerdo, cuyo valor económico asciende a 1'76 millones de euros.

En esa oficina trabajarán 32 personas, entre arquitectos, arquitectos técnicos, jefes de proyecto, licenciados en derecho, en ciencias ambientales, geografía, biología, ingenieros industriales, topógrafos y administrativos. La sede de esa oficina se ha ubicado en una antigua sede bancaria en la calle Huerta del Rosario.

El Plan General de Chiclana, elaborado por Fustegueras, ha dividido en nueve áreas de gestión básica los 17'4 kilómetros cuadrados (45% de suelo urbano) donde se ha detectado la proliferación de casas irregulares. Cada una de estas áreas se someterá a unas reglas particulares.

Según detalló ayer Fustegueras, la primera misión de la oficina, que abrirá en breve y estará a pleno rendimiento a principios de verano, será redactar un informe en el que se detallarán todas las actividades relacionadas con los expedientes de regularización, como el suministro de luz y agua, o las licencias necesarias. De ese informe saldrá un manual de procedimiento para simplificar los trámites. "Queremos que los propietarios no se encuentren con una burocracia que dificulte esta labor. Nuestra labor será facilitarles las cosas", explicó.

Los propietarios de las casas no tendrán que desplazarse hasta la oficina. "Nuestros técnicos visitarán las viviendas e informarán de las claves del proceso", detalló Fustegueras, quien adelantó que el coste para los propietarios será bajo. "Podemos decir que la diferencia entre los beneficios que obtendrán serán mayores que lo que gastarán", aseguró el arquitecto, quien prefirió no precisar una cantidad aproximada de lo que le costará a cada particular regularizar sus casas. "No se puede generalizar", aclaró. Unicaja, que ha anunciado préstamos preferenciales a bajo tipo y de larga duración para los que se sumen a este proceso, calculó recientemente que las legalizaciones moverán alrededor de 450 millones.

Tras la realización del manual de procedimiento, también se diseñarán un sistema de información geográfico, que permitirá el seguimiento continuo del proceso de legalización y las obras nuevas. La oficina creará una página web para ayudar a los particulares a realizar trámites, consultar expedientes y descargar documentos.

Cumplimiento de plazos

El consorcio Chiclana Gestión Básica también ha recibido el encargo de diseñar un plan de infraestructuras que acompañarán a las viviendas legalizadas. "Se trata de detectar todas las necesidades que tendrán estas casas que han ido apareciendo sin control", concretó Fustegueras. La oficina analizará las infraestructuras actuales, establecerá las inversiones necesarias para acometer el desarrollo urbanística y redactará una normativa para la ejecución de las obras. También creará una dirección integral de proyectos para las obras municipales y los trabajos que realicen los particulares.

El contrato tiene vigencia para un año. Aunque Fustegueras cree que el proceso de regularización no estará completamente listo hasta dentro de cuatro. Vaticina que la puesta a punto de la ciudad tardará un año o dos más. "Si se cumplen estos plazos, sería un hombre feliz", dijo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 10 de marzo de 2007