El PSE y EB llevarán a Ibarrondo a los tribunales por los casos urbanísticos de Vitoria

La comisión municipal que investiga presuntas irregularidades urbanísticas en Vitoria se cerró ayer con el anuncio del PSE y Ezker Batua (EB) de que llevarán a los tribunales al concejal de Urbanismo, el popular Jorge Ibarrondo, después de que sus explicaciones sobre el sobreprecio en una urbanización de precio tasado en el barrio de Ibaiondo no convencieran a la oposición. Ibarrondo justificó la subida en 54.000 euros del precio primero de 250.000 de cada chalé bioclimático en una mala valoración en el pliego de condiciones por el que se concedió la edificación a la empresa Opacua. Además, argumentó que los grupos conocían esta modificación y la asumieron en su momento.

Ibarrondo acudió a su comparecencia con el único respaldo del alcalde, Alfonso Alonso, porque los técnicos municipales que han intervenido en las sesiones anteriores se han ratificado en sus decisiones: tanto la urbanización de Ali, donde se levantaron siete chalés en un terreno que sólo permitía seis, como la de Ibaiondo, no cumplió la normativa. El concejal de Urbanismo defendió la legalidad de una y el sobreprecio en la otra en la capacidad última de su departamento para tomar la decisión que considera adecuada para el interés de la ciudad.

Los grupos de la oposición rechazaron que la Agencia de Renovación Urbana, desde donde se emitió la nota informativa que aplicaba el sobreprecio en Ibaiondo, tenga capacidad para modificar el precio de una promoción de viviendas fijado previamente por el pleno. Por ello, el portavoz del PSE en la comisión, Juan Carlos Alonso, anunció: "Veremos si son capaces de explicarle al juez las tres o cuatro mentiras que nos ha dicho aquí". A lo que Ibarrondo respondió que ante el juez sostendrá que "se les dio información en la Agencia de Renovación Urbana" y que "se ha trabajado desde la información y la buena fe".

Informes técnicos

En relación a la otra cuestión que analiza la comisión, la construcción de una promoción de viviendas unifamiliares en Ali, Ibarrondo defendió la legalidad de las actuaciones de su departamento. Por su parte, PNV y EA pusieron en cuestión las decisiones de Ibarrondo cuando sólo tiene en cuenta los informes que le llegan del director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santamaría, y de los técnicos de empresas privadas, mientras que rechaza los informes de los técnicos municipales. El peneuvista Mikel Martínez denunció que este proceder, como se ha visto en otras ocasiones, no busca el beneficio de la ciudad, sino el lucro de los promotores privados. Además, apuntó que Ibarrondo se ha quedado solo y apartado por el equipo de gobierno.

Con el testimonio de Ibarrondo, la comisión ha terminado su fase de comparecencias. Ahora, su presidente, Unai Grajales, del PNV, cuenta con quince días para redactar las conclusiones, que se elevarán al pleno municipal el día 30 de marzo.