Valencia deberá pagar 6.000 euros a una familia por ruidos de un bar

El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, ha encajado una nueva condena por no actuar contra el ruido de locales de ocio. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valencia obliga al Consistorio a decretar la clausura de un bar al que dio licencia de apertura más de dos años después de abrirse y a pagar una indemnización de 6.000 euros a la familia denunciante por daños morales. El local funciona desde diciembre de 2002. Y recibió la licencia de apertura en febrero de 2005, pero sin que el Ayuntamiento cumpliera sus propias ordenanzas, ya que dio el permiso "sin informes motivados" que certificaran las medidas correctoras exigibles al bar, como la insonorización, y "vulnerando el procedimiento".

El litigio de los vecinos con el bar, que es propiedad del secretario general de la Junta Central Fallera, Vicente Fayos, arrancó al poco de abrirse. Los afectados denunciaron la apertura sin autorización y reprocharon al Ayuntamiento su falta de intervención. Los permisos de obras y de actividades fueron concedidos con el local ya en marcha dos años después de las primeras denuncias. Otra resolución ha rechazado su anulación, aunque está pendiente de un recurso. Por ello, la juez se centra ahora en la última licencia, la de apertura, y analiza un largo expediente que detectó deficiencias en el aislamiento acústico y las condiciones higiénico sanitarias, así como la existencia de un altillo contrario a la normativa. Según la juez, los técnicos municipales no realizaron ninguna medición para comprobar si eran suficientes las medidas correctoras y dieron por buenos los informes aportados por el propietario del local sin la "inspección preceptiva". La juez destaca que las mediciones de ruido de las partes son contradictorias y que el propietario del bar no permitió la entrada del perito de los vecinos, al que amparaba una orden del juzgado. En cualquier caso, el Ayuntamiento no ha acreditado que el nivel sonoro cumpla la normativa. Con un "informe no motivado e inexacto y con un acta de inspección en blanco" se otorgó así una licencia de apertura que para la juez vulnera "las normas esenciales del procedimiento" y causó indefensión a los denunciantes.

Varapalo

"Es un nuevo varapalo para el Ayuntamiento de Rita Barberá por la inacción de los servicios municipales", criticó el portavoz socialista, Rafael Rubio, quien explicó el fallo judicial junto a la concejal Carmina del Río. Según el portavoz, "alguien daría alguna instrucción de que este tema no habría que tocarlo". "La juez viene a decir que el Ayuntamiento no ha actuado y tiene que explicar por qué", afirmó Rubio. Los socialistas se preguntaron cuántos locales habrá en Valencia que no cumplen la normativa o funcionan mientras se tramitan sus permisos y las denuncias vecinales. Del Río resaltó "el tesón, la paciencia y el dinero" que exige a los afectados la lucha contra el ruido porque "el Ayuntamiento sólo actúa en cumplimiento de sentencias". Fayos no quiso ayer pronunciarse sobre el fallo.