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Bruselas elogia el superávit público pero alerta de los riesgos en pensiones y sanidad

La inmigración y la mejora del empleo ayudarán a combatir el envejecimiento de la población

Andreu Missé

La Comisión Europea calificó ayer con muy buena nota el Programa de Estabilidad y Convergencia para 2006 -2009 presentado por el Gobierno español. El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, afirmó que "junto con Dinamarca y Finlandia, que ya han sido examinadas, España constituye un buen ejemplo de política presupuestaria". En el largo plazo, la Comisión sólo indica los posibles riesgos derivados del envejecimiento de la población (pensiones y sanidad), aunque cree que podrán ser dominados por la inmigración, el empleo y el superávit actual.

El plan presentado por España prevé una evolución del crecimiento económico con un ligero descenso desde el 3,9% en 2006 (la previsión era un 3,8%) al 3,3% en 2009, que coincide exactamente con las previsiones de la Comisión del pasado otoño. Durante este periodo, según el plan presentado por el vicepresidente del Gobierno español y ministro de Economía, Pedro Solbes, se registrará un fuerte descenso en la deuda pública, desde el 39,7% del producto interior bruto (PIB) actual hasta el 32,2% en 2009.

Bruselas cree, no obstante, que en este caso la reducción del pasivo será menos intensa y que al final del periodo se situará en el 23,7% del PIB. La moderación del ritmo de crecimiento económico está vinculada a un posible fin del boom de la construcción en el sector de la vivienda.

Todo este esfuerzo de reducción de la deuda pública se basará en el mantenimiento de un superávit presupuestario, que según la Comisión evolucionará desde el 1,5% del PIB que previsiblemente se logrará este año al 0,9% 2008. Según el Ejecutivo comunitario, este superávit "es consecuencia de la fuerte creación de empleo y los boyantes beneficios empresariales, que han provocado un aumento de la recaudación fiscal por encima del PIB nominal [sin descontar la inflación]".

En realidad, en la memoria histórica presupuestaria española no hay antecedentes de una solvencia tan consolidada basada en un superávit presupuestario sostenido durante tantos años.

Para Almunia, "este programa supone una política prudente a la vista del aumento de los desequilibrios exteriores, del diferencial de la inflación dentro de la zona euro y, como en muchos otros países, por los costes del envejecimiento de la población". El programa español prevé unas previsiones de descenso de la inflación desde el 3,5% de 2006 al 2,5% en 2008, que son calificadas de "realistas". La Comisión no usa el principal indicador de inflación, que es el índice de precios de consumo (IPC), sino el deflactor de consumo privado.

El informe destaca que España se "ha fijado un objetivo de equilibrio presupuestario y otras medidas más exigentes que las demandas sobre la ratio de deuda". Para la Comisión, la fuerte reducción de la deuda es "una prudente política para compensar el aumento de los costes del envejecimiento de la población".

Efectivamente, "el impacto presupuestario del envejecimiento de la población a largo plazo es superior a la media de la Unión Europea, y como resultado del relativamente alto incremento de la participación en el PIB del gasto de pensiones en las próximas décadas". Aunque las últimas proyecciones del impacto del aumento del gasto por el envejecimiento de la población son mejores, la Comisión pedirá al Consejo que recomiende a España mantener el superávit y que ponga en práctica nuevas medidas destinadas a contener este aumento del gasto vinculado al envejecimiento.

El comisario desdramatizó, sin embargo, los riesgos provocados por el envejecimiento debido a las "favorables previsiones demográficas, gracias a la inmigración, a la mejora de la creación de empleo, la más fuerte de la UE, y por la situación de superávit presupuestario".

Gasto sanitario

Almunia señaló que a pesar de estas mejoras todavía hay margen para garantizar una posición sostenible de las finanzas públicas y a ello deben contribuir los ajustes en los sistemas de pensiones y una vigilancia estricta de la evolución del gasto sanitario".

Preguntado sobre qué medidas concretas debería aplicar España para reconducir el riesgo del gasto de pensiones derivado del envejecimiento de la población, el comisario precisó que "no hay nada que descubrir, sólo leerse los acuerdos que ya han sido alcanzados por los partidos políticos, el Gobierno y los interlocutores sociales, para descubrir las reformas necesarias". En relación con este tema, Almunia se mostró contrario a las "prejubilaciones en general", pero consideró apropiado el caso de Radio Televisión Española "como medida de ajuste a una situación insostenible".

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