Salvar el Constitucional

El argumento que se ha dado para prolongar por ley el mandato de la presidencia del Tribunal Constitucional hasta el relevo del tercio de magistrados que corresponda es hacer legal lo que ya es costumbre. Tiene sentido garantizar que los nuevos magistrados voten a quien debe presidirlos y no se encuentren ante hechos consumados. La actual presidenta, María Emilia Casas, cuyo mandato finaliza en junio, ha negado que la medida le afecte, lo que salvaría de oportunismo a la enmienda presentada por IU-ICV a la reforma de la ley del Tribunal Constitucional que se tramita en el Congreso y que ha sido apoyada por los socialistas, entre otros grupos parlamentarios.

Que la enmienda afecte a la actual presidenta dependerá de que la reforma se apruebe a tiempo. Algo bastante improbable. El Partido Popular, que no ha apoyado la enmienda, ya se ha adelantado a calificarla, por boca de Acebes, de "cacicada inaceptable", atribuyéndole el objetivo de blindar por ley la prórroga del mandato de Casas hasta enero de 2008, en que deberá procederse a la renovación del tercio de magistrados correspondiente al Senado. En ese tiempo el Constitucional deberá resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el Estatuto catalán y otros sobre leyes muy importantes.

La iniciativa, a la que Casas ha calificado de "técnicamente correcta y cargada de sentido institucional", se produce en un clima de desconfianza por el desequilibrio interno que ha producido en el Constitucional la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps. Esta recusación, conseguida por el PP al segundo intento y tras el cambio de criterio insuficientemente explicado de tres magistrados, no sólo ha causado malestar en el seno de la institución. También ha proyectado sobre la mayoría de seis magistrados que la han avalado una actitud de recelo por parte de las instituciones y fuerzas políticas que han sacado adelante el Estatuto catalán.

Casas no ve ningún motivo para que sus colegas no respeten la costumbre de prórroga del mandato cuando le toque a ella cesar en la presidencia en junio. ¡Ojalá sea así! Pues no hacerlo supondría ahondar en la suspicacia provocada por la recusación de Pérez Tremps y aumentar el riesgo de división del Constitucional entre un bloque conservador, que no renuncia a reforzar su poder con el voto de calidad de una nueva presidencia, y otro progresista. Algo que debe evitarse a toda costa, pues significaría la muerte de un órgano institucional de carácter jurisdiccional, cuyas mayorías deben responder a estrictos criterios jurídicos y no ideológicos. De ahí la absoluta exigencia de que los intereses partidarios no traspasen sus puertas.