El Congreso aprueba una reforma para impedir al PP controlar el Constitucional

La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, prorrogará su mandato -que vence en junio- hasta enero de 2008 tras la reforma legal aprobada ayer en el Congreso. Esa maniobra le permitirá mantener el voto de calidad en los debates en un tribunal formado por seis magistrados progresistas y seis conservadores. Todos los grupos, salvo PP y PNV, respaldaron en el Congreso una propuesta de última hora de IU-ICV que el propio Gaspar Llamazares vinculó a los "acontecimientos recientes". El PP bautizó la iniciativa como Ley Casas y dio por "destrozado" el consenso con el PSOE con vistas a otras leyes.

La Comisión Constitucional del Congreso debatía ayer el proyecto de ley para la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC). En origen, esa reforma, reclamada por el tribunal, se planteó con el objetivo urgente y casi exclusivo de aligerar de trabajo al TC, pero en un año y medio de tramitación parlamentaria los grupos han ido incorporando otras reivindicaciones. La última llegó ayer, por sorpresa, de la mano de una enmienda de IU-ICV que votaron a favor todos los partidos menos el PP (en contra y con airada protesta) y PNV (que se abstuvo). Se trata de cambiar el artículo 16 de la ley, el que habla de la composición del tribunal y la elección de sus miembros.

El TC está formado por 12 magistrados con un mandato de nueve años: cada tres años son sustituidos cuatro de los magistrados, y se nombra un presidente y un vicepresidente. Lo que dice la enmienda de IU-ICV incluida en la nueva ley es lo siguiente: "Si el mandato de tres años para el que fueron designados como presidente o vicepresidente no coincidiera con la renovación del Tribunal Constitucional, tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados".

Eso, aunque no era obligatorio, se venía haciendo en la práctica, según recordó el socialista Ramón Jáuregui. Pero sólo si los magistrados se ponían de acuerdo en hacerlo. Un acuerdo que hoy parece roto en el Constitucional, tras la polémica por la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps que ha dejado en minoría al sector progresista de cara al debate sobre el Estatuto catalán. El mandato de María Emilia Casas vence en junio y la siguiente renovación de magistrados no se produce hasta diciembre.

"Tenían un problema"

Jáuregui justificó su apoyo a la propuesta de IU desligándola por completo de la actualidad. "Es razonable que los que eligen al presidente del tribunal sean los magistrados que van a ser presididos por él, no los que van a ser cesados", argumentó. "Por eso, en 1992 se prorrogó cinco meses el mandato del entonces presidente Francisco Tomás y Valiente, y en 1998 se amplió 10 meses el de [Álvaro] Rodríguez Bereijo", para hacerlos coincidir con la renovación de parte de los miembros del tribunal.

Pero esa medida razonable no la había planteado ningún grupo en un año y medio de debates sobre la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, y el propio Gaspar Llamazares, tras presentarla sobre la marcha en la última sesión de la comisión, la vinculó a los "acontecimientos recientes". "Tenían ustedes un problema y lo resuelven así", protestó Ignacio Astarloa desde la bancada del PP.

La reforma de la ley debe pasar ahora al pleno del Congreso y luego ser debatida en el Senado. Si en este último trámite no se producen retrasos, podría entrar en vigor antes de que venza el mandato de Casas y por tanto permitir su prórroga, lo que dio pie al diputado popular a rebautizar la ley. "Íbamos a llamarla la ley del tripartito [porque permite por primera vez la participación de las comunidades autónomas] pero es también la ley Casas: viene a determinar la continuidad de la actual presidenta", señaló. La socialista Meritxell Batet reclamó que entre en vigor "lo antes posible", alegando que el Tribunal Constitucional espera desde hace años una reforma que alivie su colapso.

"Esta sesión contribuye de forma lamentable a la ruptura de consensos básicos, y es la primera plasmación del efecto Bermejo: el ministro que viene a destrozar consensos", clamó Astarloa en referencia al nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. "Tomamos buena nota y damos por canceladas las negociaciones sobre el resto de las leyes en tramitación, fundamentalmente en el ámbito de la justicia, como la Ley Orgánica del Poder Judicial", agregó el portavoz de justicia del PP.

El diputado popular aseguró que PSOE y PP estaban cerca de alcanzar el "consenso" sobre el Constitucional cuando, "hace una semana", recibió una llamada del portavoz del PSOE, Diego López Garrido, y éste le dijo que, tras despachar con Fernández Bermejo, se "cancelaban las negociaciones".

Jáuregui restó credibilidad a esa versión: "Nosotros hemos intentado el consenso con todos los grupos. Pero, en este momento, no parece posible llegar a acuerdos con ustedes", dijo.