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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

No cesa

La violencia de género sigue golpeando a las mujeres con una cadencia desesperante. En lo que va de año, 14 mujeres han muerto, y algunos de los casos ocurridos en los últimos días son muy dolorosos por el ensañamiento del agresor. La muerte de Mercedes Molina, rociada con disolvente y quemada viva en Badalona, recuerda la de Ana Orantes, que marcó un punto de inflexión en la sensibilidad de la sociedad española hacia un problema terrible que estaba ahí pero muy pocos querían ver.

La sociedad se ha dotado desde entonces de importantes instrumentos penales y sociales a través de la Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en diciembre de 2004. Pero la violencia no cesa. Luego la población en riesgo es enorme. Aunque en 2006 aumentaron las denuncias por malos tratos en un 8,4% y se dictaron más ordenes de protección y más medidas cautelares, el número de muertes se mantiene estable.

Habrá que reforzar los mecanismos ya previstos en la ley. Está comprobado que la mera existencia de una orden de alejamiento no impide que quien está dispuesto a matar traspase con facilidad esa barrera legal. Los asesinatos en 2006 muestran que, en la mayoría de los casos, el agresor actúa con brutalidad y por sorpresa, aprovechando la indefensión de la víctima. Es importante, pues, extremar las precauciones y hacer ver a las denunciantes la importancia de aceptar los servicios de teleasistencia que se les ofrecen.

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En muchos casos, la denuncia desata en el agresor una reacción visceral que acaba en agresión homicida. Una denuncia por malos tratos o el mero abandono del hogar supone para el maltratador, acostumbrado a actuar en la impunidad y en el silencio, una exhibición pública de su condición, en un momento en que esas conductas ya no gozan de permisividad social.

Pero el problema es más hondo, porque 7 de cada 10 mujeres muertas en 2006 no habían presentado denuncia. Eso significa que la mayoría de las víctimas o no se atreven a denunciar por temor, o subestiman el riesgo que corren. Queda mucho, pues, por hacer, tanto en la mejora de los resortes de protección previstos en ley como en el ámbito de la prevención.

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