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El Congreso de EE UU investiga el trato dado a soldados heridos

Varios servicios del hospital militar central fueron privatizados

Tres comités del Senado y la Cámara de Representantes de EE UU van a investigar en los próximos días si la privatización de algunos servicios está en el origen de los problemas en el hospital militar Walter Reed. El escándalo destapado por The Washington Post -habitaciones con moho, ratas y retrasos burocráticos- no parece cerrado con la dimisión del secretario del Ejército, Francis Harvey.

El presidente George W. Bush ha encargado una investigación independiente y ha reconocido que la situación es "inaceptable". La polémica suma un elemento más con la aparición un informe sobre los efectos negativos de la privatización parcial de ese hospital. Según Army Times, un comité de la Cámara de Representante ha enviado una citación al Pentágono para obtener una copia de un documento interno que reconocía hace meses los problemas desvelados ahora y los achacaba a la privatización parcial de la atención médica a los soldados heridos.

La compañía IAP Worldwide Service recibió la adjudicación de un contrato de 120 millones de dólares (90 millones de euros) a cambio de la gestión de algunos servicios del Walter Reed. Poco después, 250 empleados del centro fueron despedidos y suplantados por sólo 50 trabajadores escogidos y pagados por esta compañía. Se da la circunstancia de que IAP Worldwide Services está dirigida por un ex alto cargo de la empresa Halliburton, la polémica compañía que presidía el actual vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney. El proceso de privatización fue encargado y gestionado por el ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.

El informe que solicita el Congreso demuestra también que los responsables del centro médico habían sido alertados sobre los problemas y las condiciones insalubres que sufrían los soldados en ese hospital.

Según el congresista Henry Waxman, presidente del comité de supervisión gubernamental, los problemas del Walter Reed simbolizan "la entrega ideológica de este Gobierno a la privatización de servicios".

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