Una mala historia que evita un pésimo trance

La historia de lo ocurrido con De Juana Chaos es una mala historia. Como lo son ante la opinión pública todas las historias que se mueven no en el terreno de las convicciones éticas o de los argumentos jurídicos, sino en el de las responsabilidades políticas. Son historias difíciles de explicar, faltas de heroísmo y de atractivo. Historias que causan confusión entre los ciudadanos porque son incómodas de aceptar. Y sin embargo, son historias que sirven para evitar situaciones pésimas, a las que habría que hacer frente si no se las atajara con sensatez y con responsabilidad.

De Juana Chaos es un personaje que congrega, probablemente, más aversión que ningún otro en la sociedad española, un asesino al que parece que se le ha otorgado un trato innecesariamente considerado. Pero como se ha repetido hasta la saciedad, De Juana no estaba ahora en la cárcel por sus asesinatos, sino exclusivamente por un delito de amenazas y enaltecimiento del terrorismo, vertidos en dos artículos de prensa, con una condena de tres años, de la que, además, ya ha cumplido la mitad.

Éste es un elemento imprescindible de esta historia. Primero, porque hace que sea legal decidir que pase el resto de la pena en su casa. Segundo, porque si estuviera cumpliendo ahora la condena por el asesinato de 25 personas es casi seguro que el Gobierno no hubiera considerado que tenía la misma autoridad moral para su traslado fuera de la cárcel, al margen de cualquier argumento humanitario y de cualquier posibilidad legal.

Lo que hace tan confusa esta historia es que De Juana Chaos está llevando a cabo una huelga de hambre para reclamar su puesta en libertad. Si se hubiera decidido su prisión atenuada en otras circunstancias, más normales, es posible que todo el mundo lo hubiera aceptado con más calma porque, en definitiva, se trata de un año por un delito de amenazas. Pero también es posible que el Gobierno ni tan siquiera se lo hubiera planteado si no estuviera por medio, precisamente, esa huelga de hambre. Esa es la realidad y resulta absurdo esconderla.

La muerte de De Juana Chaos, en una huelga de hambre que no fue decidida por ETA sino por el propio interesado, hubiera acarreado, sin duda, un nuevo brote de extrema violencia en el País Vasco, quizás un atentado de la organización terrorista, en unos momentos en los que se supone que puede estar reexaminando su posición cara al futuro, por muy difícil que lo haga creer la repugnante reacción de los abertzales que le recibieron ayer como un héroe. Por eso, es muy posible que el Gobierno haya reaccionado de acuerdo con la famosa disyuntiva entre la convicción y la responsabilidad. Cualquier Gobierno democrático tiene autoridad moral para tomar una decisión semejante y para optar, siempre que sea compatible con el Estado de derecho, por lo que considera como un mal menor para el conjunto de la sociedad.

Y lo sensato, en cualquier país medianamente razonable, es que la oposición parlamentaria, ante una decisión tan difícil, mantenga su discrepancia en términos discretos. No es de recibo que la oposición niegue, de cuajo y por sistema, cualquier autoridad moral al Gobierno elegido en las urnas. Si el PP rechaza la disyuntiva, dentro de la ley, entre convicción y responsabilidad política, si niega que un Gobierno tiene autoridad para tomar este tipo de decisiones, estará proclamando que, en su caso, hará prevalecer siempre una sobre la otra. Y dará miedo, porque estará presentando una alternativa intransigente e inclemente, dispuesta a hacer pagar a los ciudadanos su convicción de que se puede prescindir de la responsabilidad. ¿Es ese su programa? ¿Eso es lo que cabe esperar si regresa al Gobierno?

Conste también que la responsabilidad política de un Gobierno la encarna su presidente y no uno de sus ministros en particular. La intervención, ayer, del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue meritoria y argumentada. Pero llamaba la atención su apelación al "yo": "he decidido", "he pensado", "he valorado". Sería francamente lamentable que alguien creyera que puede reducir todo este asunto a una simple decisión ministerial. solg@elpais.es