El PSOE acusa al gobierno municipal de entorpecer la investigación del 'caso Imefe'

El PSOE acusó ayer al gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) de obstaculizar la investigación del caso Imefe al no presentarse como acusación particular en el juicio ni "reclamar el dinero estafado". Entre 1994 y 1999, responsables municipales adjudicaron a varias empresas, de las que cobraron comisiones, cursos de formación financiados por la UE que no fueron impartidos. La fiscalía reclama 272 millones y nueve años de cárcel para dos miembros del PP.

"A la Administración municipal le restituyeron la posible responsabilidad patrimonial de aquella época. No existe ahora mismo pendiente ningún tipo de responsabilidad patrimonial de nadie en contra de los intereses de los madrileños", aseguró ayer la concejal de Empleo y Servicios a la Ciudadanía, Ana Botella.

La edil del PP descartó que el Ayuntamiento se vaya a personar como acusación particular en la causa que se sigue por el caso Imefe, tal y como exige el PSOE, partido que llevó el asunto a los tribunales. Para Botella, el caso Imefe es "ahora mismo un asunto que está sub júdice". "Hay una petición de la Fiscalía Anticorrupción, pero desde el Ayuntamiento no diremos nada hasta que no haya una calificación definitiva", puntualizó. La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de prisión para el ex director gerente del Imefe Ricardo Peydró Blázquez y el ex director del Servicio de Formación Ocupacional, José Luis Solana Azcárate, por presuntos delitos continuados de prevaricación y cohecho al adjudicar cursos de formación subvencionados en parte con fondos europeos que no fueron impartidos y en los que fueron falsificadas las firmas de los supuestos asistentes.

Anticorrupción pide también penas de dos años para otros seis responsables de empresas adjudicatarias de los cursos de formación como responsables de un delito continuado de falsedad y estafa. Los ocho imputados suman penas de 30 años de cárcel.

El portavoz municipal socialista, Óscar Iglesias, aseguró ayer que el Ayuntamiento "es el principal afectado por la estafa", pero el PP intenta que no se investigue el caso "para ocultar" los delitos de sus afiliados y cargos de confianza en el Ayuntamiento de Madrid, "al igual que ha ocurrido en otros casos de corrupción". Para los socialistas la postura del equipo de gobierno de no presentarse como acusación particular en el juicio responde a un intento de "entorpecer la investigación". Iglesias explicó que, al no personarse, el Ayuntamiento no podrá reclamar el dinero defraudado a los madrileños.

La concejal socialista Isabel Vilallonga acusó ayer a la edil de Empleo, Ana Botella, de mentir "cuando sostiene que la Administración municipal no está lesionada" en su patrimonio por el caso Imefe. Vilallonga recordó que, como figura en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, sólo dos de los empresarios acusados (Fernando Cisneros y José María Ariza) devolvieron dinero, concretamente 174.000 euros entre los dos.

El resto, incluidos los dos principales imputados, no ha restituido "absolutamente nada". Además, la UE ha reducido en los últimos años las subvenciones destinadas a los cursos de formación para cobrarse el dinero defraudado.