La Vila mejora la cala donde se levanta una urbanización ilegal

El concejal de Turismo de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, ha anunciado la inversión de 248.000 euros para las obras de mejora de la cala del Bon Nou, que permitirán que obtenga por primera vez en su historia la bandera azul. La inversión la realizará el Ministerio de Medio Ambiente a través de un convenio firmado con el Consistorio y se centra en la estabilización del acantilado y la mejora medioambiental.

La cala del Bon Nou era hasta hace pocos años un lugar virgen. En la actualidad la empresa constructora del socio de los concejales del PP Marcos Zaragoza e Isidro Cantó, Bon Nou Villas SL, está levantando siete viviendas de lujo dentro de la zona prohibida según Costas y los ecologistas, al estar a menos de 100 metros de la línea de costa, es decir, en servidumbre del dominio público marítimo terrestre. La oposición ha denunciado en múltiples ocasiones la permisividad del consistorio con el constructor Andrés Planells Ronda, socio de los ediles en la mercantil Vilaoci 2000 SL, a quien el consistorio no ha paralizado los trabajos pese a estar pendiente de una resolución judicial y de la revisión del deslinde.

El padre de Planells Ronda también es constructor y preside el Villajoyosa CF, a quien tal y como este periódico reveló el Gobierno del PP ha otorgado una subvención de 695.000 euros pese a la existencia de un informe negativo por parte de intervención, que destacaba que las facturas y albaranes presentados como justificantes no se ajustaban a la normativa. Además, la sociedad Prom 95, en la que participan padre e hijo, está construyendo en una unión temporal de empresas un aparcamiento municipal tras aceptar el PP la propuesta de adjudicación del concejal de Hacienda, Isidro Cantó, socio del empresario.

La actitud del Gobierno presidido por José Miguel Llorca Senabre con los promotores vinculados al PP ha tenido varios reveses judiciales. Una sentencia del TSJ del 15 de junio de 2005 anuló las obras de la UE número 4 del PP-14 y las declaró ilegales por la aprobación del proyecto de urbanización en el pleno y el inicio de las obras sin haber aprobado antes la reparcelación. Además, condenó al Ayuntamiento a incoar un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística.