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La Generalitat catalana, condenada a indemnizar a las víctimas de dos presos

El Tribunal Supremo ha condenado a la Generalitat de Cataluña a indemnizar con 2,71 millones de euros a las víctimas de Manuel Brito y Francisco Javier Picatoste, dos presos que se fugaron de la cárcel de Ponent (Lleida) y dejaron tras de sí un reguero de delitos. La huida se produjo el 14 de octubre de 2001, cuando Brito se autolesionó para forzar su traslado a un hospital. En el exterior le esperaba Picatoste, quien abrió fuego contra los dos mossos d'esquadra cuando le iban a introducir en un vehículo y huyeron.

Picatoste no había regresado de un permiso otorgado por la Generalitat sin el aval del juez. A causa del cerco policial, los prófugos acabaron refugiados en la sierra de Collserola, a las afueras de Barcelona, y abordaron a una pareja para robarles el vehículo en el que se encontraban. El hombre se resistió y fue asesinado a tiros por Brito, quien posteriormente violó a la mujer.

La Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona condenó a Brito y Picatoste a 76 y 62 años de cárcel, respectivamente, pero exculpó a la Generalitat. Ahora, el Tribunal Supremo ha considerado que ha de responder como responsable civil subsidiaria al entender que hubo una "negligencia previa" porque Brito no debió salir de prisión por una lesión que era inexistente y reprocha que no se comunicara que Picatoste no regresó de un permiso, lo que facilitó el "plan de fuga".

La sentencia fija una indemnización de 1,86 millones de euros para el mosso Xavier Murillo, que quedó parapléjico; de 200.000 para el otro agente, que sufrió graves lesiones; de medio millón para la familia del fallecido y de 150.000 euros para la mujer violada.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de febrero de 2007