El juez del 'caso Karlos' anula más escuchas y advierte fallos en el origen de la investigación

El titular de Juzgado de Instrucción 1 de Cádiz, Jorge Bartolomé Moreno, ha anulado más escuchas telefónicas de la operación Karlos, que permitió desarticular una trama que vendía informes médicos falsos para obtener pensiones de invalidez ilegales tras el pago de hasta 24.000 euros. Ésta es la segunda anulación de escuchas ordenadas por el juez, quien, además, ha dictado una providencia en la que advierte de que los pinchazos telefónicos que originaron el caso no llegaron a ser notificados al fiscal. Según las defensas, este hecho puede suponer el archivo de la causa.

En el auto emitido por el magistrado Bartolomé Moreno se declaran nulas las grabaciones telefónicas correspondientes a las jornadas del 28 de febrero y del 1 de marzo de 2006. El juez argumenta que las intervenciones telefónicas y las escuchas "no están amparadas por ninguna resolución judicial" y dictamina que "deben ser eliminadas de la causa".

No es la primera vez que se anulan escuchas de la operación Karlos. En el mes de agosto, el mismo juez declaró nulas las grabaciones de cuatro días de enero de 2006. Esta resolución supuso la excarcelación de los dos presuntos cabecillas de la trama: Carlos Carretero, ex jefe de la Policía local de Ubrique, y Francisco Casto, un inspector médico de la Unidad de Valoración de Incapacidades de la Seguridad Social.

Además, a la última nulidad decretada por el juez se le suma una providencia que, casi con total seguridad, va a llevar a la defensa a presentar un recurso para solicitar que queden sin efecto la totalidad de las escuchas, principales pruebas inculpatorias del caso.

Y es que, después de que el magistrado haya revisado las diligencias previas, tal y como solicitó la defensa, hace constar que los primeros 557 folios del sumario no se llegaron a notificar al fiscal.

Así, Bartolomé Moreno concluye que al fiscal no le constaban los autos del caso en los que se autorizaban las intervenciones de los teléfonos, así como el inicio, las prórrogas y los ceses de las escuchas.

En este punto, Felipe Meléndez, abogado defensor de Casto Sánchez, recuerda que ya se han dado casos en los que "se han declarado nulas las escuchas completas de un proceso por no constar la pertinente notificación al fiscal". "Se puede venir abajo toda la operación Karlos", afirma Meléndez.

Consecuencias

A pesar de la nulidad de seis jornadas de grabaciones y a la espera de las consecuencias que pueda tener o no la providencia dictada por el magistrado, en poder del juez obran meses de grabaciones válidas que se recogen en el sumario de la investigación. De hecho, la Audiencia Provincial de Cádiz ya ha desestimado el recurso que presentó la defensa, que solicitaba la anulación total de las grabaciones.

Sin embargo, el magistrado de la sección primera de la Audiencia, Lorenzo del Río, dejaba claro en el auto que "lo lógico" es que las incidencias que presentaba la defensa para conseguir que se anulen todas las grabaciones "se estudien con detalle en el momento del enjuiciamiento".

Las escuchas que ahora se analizan con lupa se autorizaron para investigar otro caso: una trama de facturas falsas detectada en el sector de la marroquinería de la sierra de Cádiz, que, en cualquier caso, también implica al principal sospechoso del caso Karlos, Carlos Carretero.

Así las cosas, todo apunta a que la legalidad o no de las escuchas determinará la resolución de la operación Karlos, que se saldó en el mes de abril con la imputación de 39 personas.

Según las investigaciones, los cabecillas de la trama, Carlos Carretero y Casto Sánchez, trabajaban de la mano para facilitar las pensiones ilegales y se apoyaban en facultativos de atención primaria y especialistas que supuestamente expedían informes médicos falsos. Además de a los presuntos cabecillas de la trama, la investigación de la Guardia Civil implicó a cinco facultativos, 17 beneficiarios de las pensiones y a 14 colaboradores de los receptores de las bajas ilegales.

La mujer de Jesulín

Entre los imputados figura la mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, a quien se le acusa de haber pagado a la organización para obtener una baja ilegal para su madre, quien ni siquiera asistió a una de las revisiones médicas para la concesión de la baja.

La suplantó Isabel Gil, implicada en el caso y secretaria de Carlos Carretero. Campanario eludió su ingreso en prisión el 8 de abril de 2006 tras el pago de una fianza de 12.000 euros y su caso fue el más grave de cuantos se han investigado. El caso Karlos, actualmente, sigue en fase de instrucción.