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Tribuna:

Comparaciones odiosas

Desde hace casi tres décadas, uno de los canards más insistentes y tediosos del debate político-mediático catalán es aquel que atribuye la abstención diferencial a razones lingüísticas e identitarias. La cosa comenzó cuando, el 25 de octubre de 1979, el referéndum sobre el Estatuto de Cataluña redactado en ese año registró una abstención superior al 40%, y cuando, el 20 de marzo siguiente, sólo el 62% del censo participó en las primeras elecciones al Parlamento del parque de la Ciutadella. A partir de ahí, y hasta esta misma semana, cientos de artículos más o menos sesudos, más o menos sectarios, han tratado de explicar este rasgo de conducta electoral no desde la complejidad, sino desde el simplismo: que si la hegemonía de la lengua catalana en nuestra vida política e institucional aleja de ella a los ciudadanos de idioma castellano; que si el discurso nacionalista / catalanista resbala o repele al mítico cinturón obrero inmigrante; que si los medios de comunicación públicos de la Generalitat alimentan ese distanciamiento porque no se ocupan de los auténticos problemas de la gente de la calle (en efecto, tanto Antoni Bassas como Josep Cuní, por ejemplo, se pasan toda la santa mañana hablando sobre Els Segadors, sobre la barretina y sobre el Onze de Setembre...).

Después de cada uno de los comicios al Parlamento catalán -y ya llevamos ocho-, con mayor énfasis aún tras el referéndum estatutario del pasado 18 de junio, una avalancha de opinadores desde ambos lados del Ebro han enarbolado la baja participación para cuestionar la legitimidad de las instituciones autónomas, han conminado a la clase política catalana a autoflagelarse por su falta de prestigio y de crédito, algunos han llegado a concluir que, con el viejo Estatuto o con el nuevo, esto del autogobierno y de la reivindicación identitaria no interesa en Cataluña prácticamente a nadie, excepto a los que chupan del bote.

Con tales antecedentes, uno esperaba que la jornada referendaria del pasado domingo en Andalucía, y en concreto la espectacular abstención del 63,7% de los electores censados, diese lugar a una cascada de preguntas y reflexiones del tipo: ¿se sienten los andaluces de veras concernidos por su autonomía, o ésta es sólo el tinglado de una casta política parasitaria? El idioma que hablan Manuel Chaves -problemas disléxicos al margen-, Javier Arenas, Felipe Alcaraz, etcétera, ¿es el mismo que se usa en esas zonas de Málaga, Cádiz o Almería donde la abstención superó el 70% y hasta rozó el 80%, o acaso separa a emisores y receptores del mensaje político andaluz alguna clase de barrera lingüísticocultural, una diferencia de origen entre autóctonos e inmigrados? ¿Cabe culpar de la bajísima participación a que también Canal Sur -la televisión autonómica andaluza- cultiva sólo contenidos temáticos identitarios y nacionalistas (flamenco, Feria de Abril, romería del Rocío y Blas Infante a todo trapo) e ignora las cuestiones que interesan a las clases populares?

Pero bien se ve que en España -como diría el añorado prócer don Joan Pich i Pon- no se mide a todo el mundo por el mismo trasero; porque, lejos de suscitar esa clase de lecturas, el abultadísimo retraimiento de los electores andaluces el pasado día 18 ha sido imputado a factores mucho más variados e inespecíficos: el divorcio creciente y general entre ciudadanía y política; la previsibilidad del resultado, que siempre enfría la participación; la escasa cobertura que dedicaron al referéndum las grandes cadenas televisivas y radiofónicas estatales; la prohibición -que rigió por primera vez para la Generalitat el pasado junio- de que la campaña institucional de la Junta pidiese explícitamente el voto... Por lo demás, buena parte del abstencionismo ha sido entendido como un asentimiento desganado, en ningún caso como un rechazo, al proceso estatutario. Y bien, ¿no resulta chocante que tan juiciosas interpretaciones sean aplicables a la abstención andaluza, y en cambio la catalana responda a profundas fracturas en la geología social?

Examinemos ahora el grado de autocrítica o autoflagelación de los partidos andaluces y españoles tras el escrutinio del domingo. Una vez manifestada su protocolaria "preocupación", la ejecutiva del PSOE aplaudió y felicitó sin reservas a Manuel Chaves por el éxito de haber logrado que algo más del 31% de los andaluces en edad de votar apoyasen el nuevo marco autonómico. "Desde el PP", manifestó Soraya Sáenz de Santamaría, "valoramos con satisfacción la responsabilidad del trabajo bien hecho". Ángel Acebes fue menos ambiguo: los populares están contentos de haber apostado por el sí, y exigen que el Estatuto andaluz se aplique, pese a la baja participación. Y se aplicará, libre de recursos de inconstitucionalidad, aunque tenga decenas de artículos idénticos al multiimpugnado Estatuto catalán.

Es lo que los latinos llamaban el genius locis, el espíritu del lugar: que en Cataluña vote el 48,9% constituye un fracaso, que en Andalucía lo haga el 36,3% supone un éxito; que Cataluña obtenga determinadas competencias rompe el Estado, que las consiga Andalucía refuerza la unidad de España; que cuatro millones de andaluces se abstengan de votar se debe... a que se fueron de carnavales, que no voten tres millones de catalanes se debe... a que se sienten como negros en la Suráfrica del apartheid. ¡Ay, abstención, cuánta demagogia se profiere en tu nombre! Con lo fácil que sería reducirla, ya sea legislando valientemente la obligatoriedad del voto, ya ampliando los horarios de votación a un día y medio (como en Italia), ya volviendo a los comicios en día laborable, con media jornada remunerada para los asalariados... O aceptarla, y considerar si no estaremos yendo hacia formas de participación política a la norteamericana, donde la mitad de la ciudadanía se inhibe siempre. Pero no, ni lo uno, ni lo otro: es mejor especular con ella y usar a los indefensos abstencionistas como arma de deslegitimación; eso sí: de deslegitimación selectiva.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de febrero de 2007