El Gobierno avalará alquileres para evitar abusos de los propietarios
El miedo de los propietarios al impago del alquiler de sus viviendas les ha llevado a imponer condiciones excesivas a los inquilinos. La más dura: exigir avales bancarios equivalentes al coste de seis meses de arrendamiento.
En el caso de un piso cuyo alquiler mensual sea de 800 euros -el precio medio en Barcelona se sitúa en 876,3 euros, según el informe de 2006 sobre el mercado inmobiliario en Cataluña elaborado por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda-, el posible arrendatario deberá tener depositados 4.800 euros inmovilizados en una entidad financiera. Además de los 1.600 euros que el inquilino necesitará para cubrir el equivalente a dos meses de fianza. La severidad de estas exigencias impide que personas con una baja capacidad adquisitiva puedan acceder a una vivienda.
Como recordó ayer el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, el ecosocialista Francesc Baltasar, la solución a este problema está en el artículo 70 del proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda (que el próximo miércoles se someterá al debate parlamentario de admisión a trámite): el Gobierno catalán intervedrá como avalista. En una charla organizada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Barcelona, Baltasar aseguró que la medida entrará en funcionamiento de forma "inminente". De hecho, hace unos años que ya existen las llamadas bolsas de mediación entre propietarios y arrendatarios, que garantizan el pago del alquiler a los primeros -además del coste de los destrozos que puedan haber ocasionado los inquilinos- y un precio asequible a los segundos. Estas bolsas pueden pueden ser públicas o concertadas.
"Pánico injustificado"
El pánico de los propietarios a dejar de cobrar sus rentas es "injustificado", en boca del propio consejero, pues según los empresarios la tasa de impagos se mantiene entre el 1% y el 2% de los contratos tanto en Cataluña como en el resto de España. Baltasar tildó de "muy preocupante" la exigencia de este tipo de avales, que todavía agravan más el problema de acceso a la vivienda, cuando en otros Estados de la Unión Europea, como en Gran Bretaña, los propietarios tan sólo piden un mes de fianza sin calibrar los ahorros del inquilino.
Baltasar aclaró que, en caso de que la vivienda arrendada sufriera algún daño o la renta dejara de pagarse, el Ejecutivo de la Generalitat "se pondría del lado del propietario".
Precisamente uno de los puntos más novedosos que incorporaba el programa electoral de ICV-EUiA proponía destinar dos millones de euros a la creación de un fondo de aval público para estos casos.
