El GAL de las Azores

Habrá que regresar a los escenarios del crimen, repasar una y otra vez las declaraciones, escudriñar cada una de las frases para analizarlas a la luz de los nuevos hechos. En los mismos días en que el Parlamento Europeo aprobaba su investigación sobre los vuelos secretos de la CIA para el transporte ilegal de prisioneros, más conocido como informe Fava, se ha conocido el intenso trajín de policías, espías y funcionarios españoles en la base militar norteamericana de Guantánamo, desde pocos meses después de la creación de la prisión en enero de 2002. Hasta ahora, se había documentado la utilización de territorio español para el transporte ilegal de prisioneros en manos de los norteamericanos, en un tráfico que incluye a Guantánamo pero conduce también a otros campos de detención en terceros países. Pero la nueva oleada de datos permite ya concluir que Estados Unidos ofreció a sus aliados la posibilidad de interrogar y extraer información de sus detenidos ilegales y que un buen número de ellos lo aceptaron.

Vayamos por un momento a uno de los puntos álgidos de esta historia, la cena de Bruselas en la que Condoleezza Rice propuso a los ministros de Exteriores europeos "enfrentarse con el gorila de 800 libras", es decir, con el asunto maloliente de la lucha ilegal contra el terrorismo. La secretaria de Estado enunció ante sus colegas cuatro reglas o principios, utilizando a la vez una poderosa técnica de restricción mental:

1. EE UU se atiene a la ley y no ordena a sus ciudadanos que actúen fuera de la legislación americana o de las obligaciones internacionales. (No significa que no permita e incluso organice que lo hagan otros fuera de Estados Unidos, en limbos legales como Guantánamo o prisiones de terceros países. Tampoco que la ley americana no tenga una laxa interpretación bajo la óptica de la autorización al presidente para utilizar todos los medios a su alcance en la guerra contra el terror, hasta el punto de permitir el secuestro y la detención ilegal, legalizar la tortura o las escuchas sin control judicial).

2. EE UU tiene "la responsabilidad moral y la obligación de no convalidar la tortura", en la que no va a comprometerse ningún americano, dentro o fuera de EE UU. (Otros, no americanos, serán quienes la practiquen y cuando sean funcionarios americanos lo harán siguiendo unas peculiares y durísimas reglas de interrogatorio que los juristas de la Casa Blanca consideran que no pueden definirse como tortura, en contra del criterio de todas las organizaciones internacionales).

3. La inteligencia es secreta por naturaleza, por lo que no cabe seguir hablando de esta cuestión. (Este argumento extiende un velo argumental, de forma que permite ocultar todo lo que convenga a los aliados que lo convalidan. Condoleezza Rice lo explicó con enorme precisión en una declaración leída antes de viajar a Europa: "Algunos gobiernos han querido cooperar con EE UU en inteligencia, endurecimiento de la ley y asuntos militares. Es una cooperación de doble vía. Compartimos inteligencia que ha ayudado a proteger a los países europeos de ataques, ayudando a salvar vidas europeas. Es cuestión de estos gobiernos y sus ciudadanos decidir si desean trabajar con nosotros para prevenir estos ataques terroristas contra sus países u otros y decidir qué información sensible hay que dar al público".

4. Las convenciones de Ginebra sobre prisioneros de guerra, que cubren y protegen a los combatientes regulares, no lo hacen con los combatientes ilegales, que no pertenecen a ningún Estado (stateless les llama), aunque el presidente Bush ha pedido que también se les apliquen a ellos los criterios generales. (Esta licencia da el máximo margen de maniobra con los prisioneros: no hay límite legal para interrogarles, pero cuando se conoce alguna vulneración, como fue el caso de Abu Ghraib, permite realizar castigos aparentemente ejemplares contra quienes hayan violado estos criterios. Pero está claro que las extralimitaciones se producen por el mero hecho de la inexistencia de límites legales para el interrogatorio o incluso por la transmisión no siempre formal en niveles intermedios e inferiores de órdenes explícitas de malos tratos y torturas).

Antes de la foto de las Azores, en la que se declaró una guerra preventiva, sin autorización de organización internacional alguna, George Bush recabó y obtuvo un amplio consenso en su guerra global contra el terror declarada tras el 11-S, en la que tampoco iban a respetarse las reglas de la guerra utilizadas hasta entonces. Los servicios secretos de los países aliados fueron presumiblemente invitados a participar activamente en ella, cubiertos por el velo de silencio que los caracteriza. Y muchos países, incluso algunos de los que luego no participaron en la guerra, estuvieron ya en esa foto invisible de unas Azores sumergidas en las cloacas del Estado de derecho. Ahora no hay más remedio que arrojar toda la luz sobre tanta infamia.