La justicia de EE UU acepta Guantánamo

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dio ayer la razón al Gobierno y resolvió que los detenidos en la base militar de Guantánamo no tienen derecho a denunciar su situación ante la justicia civil de ese país. Esta decisión representa la primera victoria en mucho tiempo del presidente George W. Bush en su cuestionada estrategia de lucha contra el terrorismo y, seguramente, dejará la última palabra sobre la suerte de los confinados en aquel territorio de la isla de Cuba en manos del Tribunal Supremo. Por dos votos contra uno, el tribunal decidió que la justicia estadounidense no tiene jurisdicción sobre los presos internados en la prisión de Guantánamo porque éstos son ciudadanos extranjeros que actualmente se encuentran en un territorio que no es de soberanía de Estados Unidos y, por tanto, no cuentan con la protección de la Constitución de este país.

"Si los detenidos no están amparados por el derecho constitucional a un proceso justo, y no lo están, no pueden invocar la jurisdicción de nuestros tribunales para decidir la constitucionalidad o la legalidad de la restricción de su libertad", afirma la sentencia.

El tribunal decidía sobre un recurso presentado por 16 de los aproximadamente 775 presos que han llegado a estar confinados sin cargos desde principios de 2002 en una base militar formalmente alquilada al Gobierno de Cuba, pero de soberanía cubana.

La Administración de George W. Bush defiende el derecho a la detención de combatientes extranjeros sin tener que responder ante tribunales civiles norteamericanos como un instrumento esencial de su guerra contra el terrorismo.

Esa facultad es el apartado más importante de la llamada Ley de Comisiones Militares, aprobada por las dos cámaras del Congreso en octubre de 2006, y que autoriza al Gobierno a "establecer el uso de comisiones militares para juzgar a combatientes enemigos extranjeros comprometidos en actividades hostiles a Estados Unidos".

Esa ley -la misma que permite el interrogatorio de combatientes extranjeros usando técnicas "agresivas", pero sin definir- fue una respuesta a una decisión inmediatamente anterior del Tribunal Supremo, que prohibía que los detenidos de Guantánamo fuesen juzgados por tribunales militares. Si la decisión de ayer del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia es recurrida, lo que se da por seguro, el Supremo tendrá, por tanto, que pronunciarse de nuevo acerca de la competencia de los tribunales norteamericanos sobre Guantánamo.

El Gobierno de Bush recibió ayer, por supuesto, la sentencia con gran satisfacción. "Se trata de una importante victoria en la guerra contra el terrorismo", comentó el ex fiscal general John Ashcroft.

La Administración es consciente de que lo que está en juego aquí es, en el fondo, la legalidad de su estrategia antiterrorista. Si las detenciones de Guantánamo pudieran ser vistas en tribunales civiles norteamericanos, el Gobierno de Bush podría acabar siendo condenado por graves delitos de detención ilegal. La futura decisión del Supremo resulta, por estas razones, difícil y de suma trascendencia.

A diferencia de en su sentencia anterior, esta vez el Supremo tendrá que decidir sobre una ley que fue aprobada en el Senado por 65 votos contra 34, y en la Cámara de Representantes por 250 contra 170. Como escribía ayer el juez Raymond Randolph defendiendo el voto mayoritario de su tribunal, aceptar la denuncia de los detenidos en Guantánamo "sería desafiar la voluntad del Congreso".

Un 'gulag' norteamericano

Las organizaciones de derechos civiles y los representantes de los 16 detenidos que esperaban sentencia -12 kuwaitíes, dos británicos y dos australianos- expresaron su rechazo a lo que consideran una medida histórica. "Éste es un día triste para los principios de justicia y equidad de América. Esta decisión da luz verde a Estados Unidos a encarcelar a extranjeros al margen de la ley", afirman los abogados en un comunicado. La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional advirtió que "la detención de personas sin acceso a la justicia amenaza con la creación de un gulag americano".

Con esta resolución, se ordena que los cientos de casos sobre detenidos en Guantánamo pendientes de resolución en tribunales norteamericanos de primera instancia sean desechados. La juez Judith Rogers explicó su opinión disidente en el voto de ayer argumentando que "los tribunales de distrito están capacitados para aceptar estos procesos a la vista de los importantes intereses del Gobierno en la protección de la seguridad nacional".

En cierta medida, este argumento coincide con el utilizado por la defensa de los detenidos, que considera que, aunque en territorio de soberanía extranjera, los presos de Guantánamo se encuentran de facto en poder de Estados Unidos y deberían verse protegidos por los mismos derechos constitucionales que el resto de los ciudadanos.

Este nuevo episodio polémico en la política antiterrorista de Bush promete, además, convertirse en un motivo de debate en el Congreso, donde una nueva mayoría demócrata está tratando de limitar la capacidad de decisión del presidente en su papel de comandante en jefe de las fuerzas armadas.