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COLUMNA

Recusaciones partidistas en el TC

El miembro del Tribunal Constitucional, Pablo Pérez Tremps, ha sido recusado. Atendiendo a la petición presentada por el PP, el alto tribunal ha decidido apartar a este magistrado de las deliberaciones y sentencias que se produzcan con motivo de los recursos que contra el Estatut de Catalunya han sido aceptados por el TC. El motivo no es otro que el haber realizado un informe para la Generalitat catalana cuando todavía estaba presidida por Jordi Pujol. Un trabajo académico sobre las relaciones exteriores de Cataluña y su encaje en un futuro Estatuto. Hay que destacar que en aquel momento, el catedrático Pérez Tremps no formaba parte del Tribunal Constitucional ni existía, todavía, el nuevo Estatut. Hoy tenemos que el Estatut se elaboró, fue aprobado por el Parlament de Catalunya, por las Cortes Generales españolas y refrendado por los ciudadanos catalanes. Y el catedràtico Pérez Tremps pasó formar parte del Tribunal Constitucional.

Pero he aquí que al PP no le gusta el Estatut, dice que es inconstitucional. Y presenta el correspondiente recurso ante el TC. Y además, recusa al magistrado Pérez Tremps por haber elaborado un dictamen para la Generalitat en el que expresaba sus opiniones sobre cuestiones estatutarias. Es decir, recusa a un magistrado que ha demostrado conocer el tema, que lo ha estudiado en un momento determinado. No cabe duda de que el resto de magistrados que componen el TC habrán analizado la cuestión antes de emitir sus votos, como es lógico. Porque no quiero pensar que algunos miembros del TC, no se hayan tomado la molestia de informarse y analizar lo que el PP pide en su recurso de inconstitucionalidad, y se limiten a votar, cuando llegue el momento procesal, a favor de lo que pide el recurrente por simpatía partidista sin más consideraciones.

El hecho, sin embargo, es que la expulsión del catedrático Pérez Tremps de las deliberaciones sobre los recursos del PP contra el Estatut, ha sido jaleada y recibida con aplausos por el PP y sus palmeros mediáticos. Claro que, quienes así se manifiestan, no sólo no protestaron cuando el presidente del Tribunal Constitucional, señor Jiménez de Parga, se despachó a gusto con declaraciones en contra de las comunidades autónomas que pedían más competencias y más autogobierno si no que las aplaudieron. Fue en el Forum Europa, en marzo de 2005, donde Jiménez de Parga pronunció un discurso. Se refería el entonces presidente del Tribunal Constitucional a las comunidades que pedían reformar sus estatutos, las llamadas comunidades históricas, y lo hacía con un inusitado desprecio, al decir aquella estupidez insultante de que, "cuando sus habitantes (catalanes, vascos o gallegos) no se lavaban, en su Granada natal ya era norma habitual que la gente se bañase a diario en aquellas piscinas árabes tan maravillosas". Añadiendo a continuación que no estaba a favor de reformar sus estatutos y de que el Tribunal Constitucional declarase ajustadas a derecho tales reformas. No encontraron entonces motivos para pedir la dimisión del señor Jiménez de Parga, por pronunciarse sobre algo que tendría que juzgar, en su momento, el tribunal por él presidido. Para esta derechona político-mediática, Jiménez de Parga estaba en su derecho de opinar lo que le viniese en gana en aras de la libertad de expresión. El señor Jiménez de Parga, a parte de emitir juicios que correspondería dictaminar, en su momento a la institución que presidía, se permitió menospreciar a los ciudadanos de algunas comunidades autónomas.

No es el caso del magistrado Pérez Tremps. Su recusación se basa en que elaboró un dictamen académico sobre cuestiones estatutarias y su posible inconstitucionalidad a petición de la Generalitat de Catalunya para el caso de que se incluyesen en un futuro Estatuto. Es decir, se recusa a un magistrado por tener opinión propia, deducida de su estudio del problema que ha de dictaminar y sentenciar el TC: la inconstitucionalidad o no del Estatut catalán. Nadie mejor que este magistrado para tomar parte en la deliberación que ha de llevar a cabo el alto tribunal.

Pero digamos la verdad: la recusación del magistrado Tremps presentada por el PP no tiene nada que ver con su trabajo para la Generalitat y el haber cobrado 6.000 euros. Esta es la excusa. La verdadera razón se basa en que, apartado de la deliberación, el número de magistrados restantes que han de dictar sentencia permitirá que, a la hora de votar, sean mayoría quienes lo harán a favor de la inconstitucionalidad del Estatut que pide el PP. Este partido ya sabe quienes son y ha hecho sus cuentas. 45 catedráticos de Derecho Constitucional han manifestado su perplejidad ante la recusación de Pérez Tremps. Pero aquí no pasa nada. ¡País!.

fburguera@inves.es

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 19 de febrero de 2007