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Reportaje:

El vía crucis de mandar dinero a casa

Una orden ministerial complica y encarece el envío de remesas para los 'sin papeles'

"¿Ya no voy a poder enviar dinero a mi casa?", pregunta alarmado Modibo, un maliense de 25 años que saltó la valla de Melilla hace casi tres años y que desde entonces vive sin papeles, de lo que gana trabajando esporádicamente en la construcción. Respira aliviado al saber que con su pasaporte, mientras no caduque, podrá seguir haciendo transferencias.

No es el caso de otros muchos inmigrantes irregulares ni de aquellos que reagrupan sus envíos, a los que una orden ministerial, firmada por el vicepresidente Pedro Solbes y que acaba de entrar en vigor, dificulta o impide los giros y encarecerá las comisiones. España es, desde 2004, el primer país de la UE por envío de remesas. Hasta noviembre de 2006, los inmigrantes giraron a sus países 5.601 millones de euros (un 35,6% más que el año anterior), según el Banco de España.

Si se envían más de 3.000 euros al trimestre hay que justificar el origen de los fondos

"Las transferencias con el exterior", señala la normativa en su introducción, es un sector "vulnerable en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo". "La transacción media es de 300 dólares (230 euros)", replica la portuguesa Susana de Lima, asesora jurídica de Western Union. "Con ese montante apenas hay riesgo delictivo y, en consecuencia, el sector no debe de estar muy reglamentado", recalcó el viernes en un seminario sobre remesas en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos.

"Seamos serios", añade Gonzalo Valiente, vicepresidente de la Asociación Nacional de Agencias de Envío de Dinero (ANAED), "casi nunca se detectó blanqueo a través de las remesas. Está más bien en bancos pequeños o inmobiliarias", añade.

Modibo, el inmigrante maliense, es un afortunado porque posee un pasaporte del que miles de subsaharianos se desprendieron antes de entrar en España. Y aunque quisieran, no podrían obtenerlo porque son sólo cuatro, de los 12 países subsaharianos generadores de fuerte emigración, los que tienen embajada en Madrid.

A los compatriotas de Modibo muchos locutorios que actúan como remesadoras no les pedían, como están obligados a hacerlo desde el lunes, ninguna cédula oficial con foto. "Con la tarjeta de la Seguridad Social o un volante de empadronamiento ya valía", recuerda, detrás de la ventanilla, un empleado de Monthly. Cuando ni siquiera disponían de ellos, siempre había alguien que les echaba una mano como el padre Antonio Díaz, director de Karibu, una asociación de ayuda a los subsaharianos que se ofrecía a mandarles su dinero. Ahora tampoco podrá hacerlo porque si se envían más de 3.000 euros al trimestre hay que justificar el origen de los fondos. "Siempre pagan los mismos. Son los que más difícil lo tienen y ahora se les pone todavía otra dificultad más", reflexiona el padre Díaz.

"Envié 3.000 euros a mi hermano en Ecuador porque se va de viaje y me han dicho que ya no puedo mandar más hasta dentro de tres meses", afirma Andrea, empleada en un locutorio en La Latina (Madrid). "¿Y que hago si hay una emergencia en mi casa?".

Andrea sufre la nueva orden por partida doble. No sólo es el sustento de su familia, sino que está empleada en un locutorio. "Ahora el trabajo se ha duplicado", se queja. "Lo están poniendo muy difícil con tanto papeleo", añade Edison, propietario de dos locutorios que quiere vender.

El papeleo consiste en que los formularios de envío contienen muchos más datos, en que las remesadoras deben aplicar 13 nuevas medidas de control interno y guardar durante seis años la documentación, originales en papel y también en soporte informático accesible al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Las medidas son válidas para giros de incluso 20 euros, pero se endurecen si estos rebasan los 3.000 al trimestre.

"Todas estas obligaciones requieren contratar al menos dos empleados a tiempo completo por cada remesadora, además de una importante inversión informática y en formación de empleados", vaticina Íñigo Moré, director de Remesas.org que organizó el seminario.

"Estas empresas repercutirán el coste de aplicar la regulación a sus clientes aumentando el precio de los envíos", prosigue Moré. "Se elevará aún más porque habrá remesadoras incapaces de cumplir estos requisitos y acabarán cerrando". "Se reducirá la competencia", concluye, haciéndose eco de una opinión generalizada.

A instancias del PSOE el Congreso aprobó, sin embargo, por unanimidad, a finales de 2006, una proposición no de ley solicitando al Gobierno que abaratara el envío de remesas. A principios de este año, las secretarias de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y de Cooperación, Leire Pajín, firmaron un acuerdo con las patronales de la banca y de las cajas de ahorros para promover el impacto de las remesas sobre el desarrollo de los países que las reciben.

En Bolivia, por ejemplo, las transferencias que provienen de España representan el 5,8% del PIB y, en Ecuador, el 4%. Rumí y Pajín no fueron consultadas sobre el contenido de la orden. "Si una norma como ésta hubiese estado en vigor en la Alemania de los sesenta el despegue de España se habría retrasado una década", sostiene Moré.

La orden de Solbes va, sorprendentemente, mucho más allá que las recomendaciones del GAFI, un organismo de lucha contra el blanqueo vinculado a la OCDE, que, por ejemplo, no considera necesario identificar al cliente si envía menos de mil euros.

La directiva comunitaria en preparación fija también ese umbral. Javier Palmero, el funcionario de la Comisión que la prepara, se lo recordó el viernes a Juan Manuel Vega, el subdirector de Hacienda que redactó la orden. "Si al final hay alguna contradicción entre directiva y orden, ésta se cambia en minutos", afirma Clemencia Torrado, la diputada del PSOE que inspiró la iniciativa en el Congreso.

Valiente, de ANAED, sospecha que más que luchar contra el blanqueo, la orden busca aumentar la pequeña cuota de la banca (20%) en el envío de remesas. "No le divierte nuestra hegemonía", asegura. A corto plazo, sin embargo, la principal consecuencia de una excesiva reglamentación es, según Susana de Lima, que los flujos serán "clandestinos".

Prostitutas perjudicadas

Si hay un colectivo perjudicado por la orden que desde hace una semana regula el envío de remesas, ése es el que forman las miles de prostitutas extranjeras que trabajan en España.

Originarias de América Latina o de Europa del Este cambian de ciudad cada mes o cada trimestre, pero permanecen semiencerradas en el hotel o el club donde trabajan. Suelen tener unos ingresos no desdeñables y, como gastan poco, una capacidad de ahorro superior a las mujeres del servicio doméstico. "Conozco bastantes que economizan 2.000 euros al trimestre y algunas incluso más", indica el empleado de una remesadora que cuenta entre sus clientes a numerosas "chicas de alterne". Hasta ahora, muchas de estas mujeres tenían acuerdos con taxistas que recogían el dinero y lo entregaban en el locutorio que hace también funciones de remesadora.

Ahora, la orden requiere que, al menos la primera vez que hacen un envío, acudan personalmente a la oficina y se identifiquen con un documento expedido por alguna entidad pública, que no haya caducado y que lleve su fotografía.

En el supuesto de que no tengan un chulo que les impida salir de su lugar de trabajo y que no les haya quitado el pasaporte, las meretrices podrán seguir haciendo envíos.

A las prostitutas de alto standing, aquellas que pueden mandar a casa más de 3.000 euros al trimestre, se les plantea dos problemas adicionales: ¿cómo justificar ante el empleado de la remesadora esos ingresos que han obtenido en negro y demostrar además que poseen una dirección en España?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de febrero de 2007

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